Larreta vuelve a la Corte para refrescar queja por fondos

El Gobierno porteño tiene previsto llevar hoy, a la Corte Suprema de Justicia, una ampliación de su reclamo por el recorte de fondos que dispuso el Gobierno nacional sobre la partida que corresponde a la transferencia de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Primero, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el decreto que, en septiembre pasado, firmó Alberto Fernández disponiendo la quita de puntos de coparticipación que recibía el Gobierno porteño. Además pidió una medida cautelar que frenara ese recorte, pero nunca llegó. En cambio, el Congreso sancionó una ley que formalizó la baja de fondos que el Gobierno nacional adjudica a que habrían estado mal calculados los recursos cuando Mauricio Macri, siendo presidente, firmó el convenio de traspaso con Larreta.

Al cumplirse el plazo de promulgación de la norma que le reporta al Presupuesto porteño una poda mayor que la que dispuso el decreto, el jefe de Gobierno renovará su reclamo ante los jueces apuntado ahora a la ley en cuestión.

“Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los argumento que sostendrá el reclamo “la Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”.

Es que, ante la situación, Larreta presentó un Presupuesto 2021 “de contingencia” y dispuso el 1.2 de impuesto a los Sellos a los gastos con tarjeta de crédito de los vecinos y 8% de Ingresos Brutos a las Leliq y operaciones financieras, para “recuperar” algo del recorte. Para la Ciudad “ la ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado nacional, las Provincias y la CABA, atenta contra la autonomía y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”. Aseguran que el “pago a cuenta” sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal y que “la magnitud del despojo” desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto significó una quita en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre de $11.010 millones y con la aplicación de la ley para 2021 será de $65.083 millones.