Las objeciones al proyecto Lavagna

Política

Alberto Fernández deriva al encargado de negociaciones provinciales de la Jefatura de Gabinete, Juan Carlos Pesoa. Pesoa, a su vez, remite a Carlos Fernández, el responsable de la misma materia del Ministerio de Economía. En la oficina de este funcionario se está negociando, trabajosamente y de manera individual, la adhesión de las provincias a la Ley de Responsabilidad Fiscal que se envió al Congreso.

Gobernadores y ministros de Economía de las provincias transitan por ese despacho. ¿Qué negocian? ¿Cuáles son las principales limitaciones que le encuentran a la ley? ¿Qué virtudes y defectos le encuentran a la iniciativa? Es lo que se expondrá a continuación.

• El principal problema que encuentran Néstor Kirchner y Lavagna para la sanción de esta norma, que debe sustituir la Ley de Coparticipación comprometida con el Fondo, es el límite al endeudamiento. Las provincias no podrán gastar en servicios de la deuda más de 15% de los recursos corrientes netos de las transferencias a sus municipios. La mayor parte de los mandatarios y ministros está negociando que, a cambio de la aprobación de ese artículo, la Nación les reestructure la deuda que tienen con ella de manera más holgada. Es lógico: 18 provincias están comprometidas con el Tesoro nacional, al que en casi todos los casos deben transferirle más de 15% de su presupuesto. Por eso los funcionarios de Economía escuchan de todos el mismo reclamo: «Sólo podemos poner un límite al endeudamiento si nos reducen los pagos anuales vía reprogramación, o no podremos aceptar el tope de la ley». Aducen en el interior que el Estado nacional está ofreciendo una reestructuración de su deuda en 42 años cuando, en cambio, a las provincias se les refinanció en 16 años.

• La aceptación de este canje supone un costo fiscal para el Estado nacional. Hasta 2006 las provincias deben pagar a la Nación $ 8.700 millones. Pero hay un precio más inquietanteque debe pagar el poder central si cede al reclamo federal: aliviar a las provincias de su deuda es dotarlas de más autonomía política. La administración de ese pasivo es tal vez la herramienta más importante que tienen la Presidencia y Economía para disciplinar a los gobernadores y alinearlos.

• El segundo aspecto de la ley al que se están resistiendo los jefes del interior es el que congela la relación gasto público/PBI a los niveles de lo ejecutado este año. Esta negativa tiene una doble faz. Por un lado, es explícita. Es común escuchar hoy entre los gobernadores, ministros y técnicos provinciales una serie de estadísticas que demuestran que el nivel de gasto de la Argentina es menor si se lo compara con otros países. El de España, por ejemplo, está en 44% del PBI. El gasto público de Italia, en 52%. El promedio de la OCDE está en 45%. Uno de los países desarrollados con una ratio más baja es Estados Unidos, donde la asistencia social está en gran medida en manos de asociaciones privadas: allí el gasto público es de 33 puntos del PBI. En cambio, en la Argentina, esa relación es de 27% si se considera el gasto primario, es decir, sin contemplar pagos de deudas. Es habitual entre los administradores del interior escuchar en estos días que, más allá de los desmanejos que pueda haber en el gasto público, sólo aumentándolo se podrá alcanzar un mejor servicio educativo, de seguridad, salud y hasta un seguro de desempleo que reemplace los planes Jefas y Jefes de Hogar. El reproche en este rubro es que, con la ley que negocia Lavagna con el Fondo, la relación entre gasto y producto quedaría estancada en los niveles actuales por muchos años.

• Para atenuar el efecto de la ley, ya hay gobernadores que dieron la orden a sus ministros de Hacienda para que en sus contabilidades aumenten el nivel de gasto, no con la intención de ejecutarlo efectivamente sino para ingresar a 2005 con un volumen suficiente, que les haga menos opresivo el congelamiento. Respecto de este punto, un funcionario se hizo esta pregunta ayer, delante de este diario: «Yo puedo congelar el nivel de gasto pero ¿qué sucedería si, como es probable, mejoro mi recaudación por mayor eficiencia? Habría plata que no debo gastar, ¿verdad?».

Están atiborrados de datos los hombres de provincias para esgrimir ante los funcionarios nacionales: «En la Unión Europea, la presión tributaria es de 45 por ciento o 47 por ciento; en la Argentina es de 30 por ciento teniendo en cuenta todos los niveles del Estado. No está mal pensar en que la recaudación mejore».

• El tercer gran rubro de oposición a la ley tiene que ver con los celos ante las provincias grandes: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son los tres distritos que reciben transferencias por coparticipación superiores a 8 por ciento del total que se gira a las provincias. Por esa razón les están asignados a esas provincias tres sitiales permanentes en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que va a crearse. Desde allí tendrán información calificada y mejor capacidad de lobbying. El cuarto miembro permanente es el Ejecutivo nacional. Los otros cinco lugares son rotativos para el resto de las provincias.

• Hay aspectos de la propuesta de Lavagna que todo el mundo bendice, sobre todo Rodrigo Rato, en el Fondo. Uno es el capítulo inicial de transparencia contable. Las provincias y los municipios estarán obligados, si se aprueba ese articulado, a homologar sus contabilidades. Al no existir hoy un criterio común para presentar las cuentas públicas, es casi imposible realizar comparaciones (por ejemplo, todos los cálculos de cantidad de empleados públicos por cantidad de habitantes están distorsionados por el nivel de descentralización que existe en cada distrito). Que, además, se deban publicar en Internet, trimestralmente,los datos de esas contabilidades también es algo que el Fondo aplaudirá.

• En cambio, se aprecia menos el carácter coercitivo, que muchos juzgan utópico. No sólo no se cumplió con la Ley de Déficit Cero de Domingo Cavallo, durante la gestión De la Rúa. Tampoco hubo sanciones en Brasil para los gobernadores que transgredieron la propia norma de responsabilidad fiscal. El propio tratado de Maastricht, que prescribió un tope de 3 por ciento sobre el PBI para el déficit de los países del euro, es violado hoy en Alemania, Francia y Portugal. Y hasta los estados de los Estados Unidos que tienen cláusulas de responsabilidad fiscal caen en el ardid de computar como ingresos eventuales juicios ganados a las tabacaleras para alcanzar las proporciones que esas normas exigen a sus cuentas.

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