Lavagna le imputa corrupción a Kirchner por el caso Greco

Entró ayer la investigación del escándalo por el caso Greco en otra dimensión. Roberto Lavagna acusó al gobierno y al propio Néstor Kirchner por el intento de pago que fue frustrado en el Senado. Se defiende el ex ministro de las imputaciones que ya le lanzó su sucesora en el cargo, Felisa Miceli. Era inevitable. El proyecto de ley que inició la investigación sobre el pago a las familias Greco-Bassil al "esconder" los fondos destinados a cancelar esa cuestionada deuda fue firmado no sólo por Felisa Miceli, sino también por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por Néstor Kirchner. Es lo que corresponde a una iniciativa de ese tipo. Ahora-Roberto Lavagna utiliza esa responsabilidad colectiva para cargar contra el Presidente. Alega que debió tomarse una resolución similar al caso Meller -que hasta se utilizó para descabezar la Corte Suprema- y frenar políticamente ese pago. Se desplaza así el centro de la investigación sobre Miceli hacia el resto del gobierno.

Felisa Miceli

Roberto Lavagna metió ayer el caso Greco en medio de la campaña: acusó de corrupción al gobierno de Néstor Kirchner por ese pago fallido, imputación que no es una novedad ya que desde hace tres meses se investiga al Ministerio de Economía por esa operación. No es la primera vez que Lavagna debe hacer mención a la cuestión: hace una semana debió contestar a periodistas que lo esperaban a la salida de un encuentro con los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz en el Senado. De hecho, ese día firmaron el nacimiento de la coalición que lo llevará como candidato a presidente y Sanz tuvo que debutar defendiéndolo públicamente.

Para Lavagna la situación no fue cómoda: durante su paso por el Ministerio de Economía, más precisamente a principios de 2005 se produjo la homologación y el reconocimiento de una deuda por $ 332 millones a favor del ex grupo mendocino. Fue en la segunda causa judicial que los Greco iniciaron contra el Estado -esta vez por ejecución de la primera sentencia-.

Ese fue un momento clave en el escándalo que no elimina la responsabilidad que le cabe ahora a Felisa Miceli por el envío al Congreso del proyecto de ampliaciónde emisión de deuda por $ 1.300 millones que llevaba dentro, casi encriptadas, las seis órdenes de pago a favor de los Greco-Bassil por un total de $ 578 millones.

Ese acto del gobierno, que llevó la firma de Miceli, Alberto Fernández y el propio Néstor Kirchner, como todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo terminó en el mayor escándalo del gobierno en el final de 2006: en lugar de frenar el pago y analizar los delitos que pudieron cometerse en las tramitaciones judiciales, el kirchnerismo aparecía impulsando una ley especial para pagarles. Se potenció luego cuando la ministra ordenó luego investigar a su propia tropa y un mes después declaró nulo todo lo actuado en el trámite administrativo dentro del ministerio y pretendió, aun lo sigue haciendo, que la Justicia hiciera lo mismo.

Lavagna ahora ataca ese tramo de la historia mientras Miceliprepara otra batería de acusaciones en la Justicia contra los funcionarios del ministerio que actuaron durante la administración de Lavagna. De hecho la ministra ya los mencionó en la denuncia que presentó

Alejandra Taddei ante la Justicia para que se investigaran los posibles ilícitos.

Ayer, el ex ministro y novel candidato a presidente por el radicalismo llegó a enojarse cuando en una entrevista por radio «América» le preguntaron por su relación con el caso Greco: «Usted sabe que es una clara maniobra para intentar distraer, se sabe quién los firmó, quién no los firmó y claramente la Justicia tiene todos los elementos para ir adelante», dijo para imputar al actual gobierno.

El enojo del ex ministro es precisamente porque se le piden explicaciones sobre el comportamiento de los abogados del Ministerio de Economía, por ejemplo Yolanda Eggink, durante su paso por el organismo. «No lo firmó nadie en el año 2005, fueron firmados no sólo por la ministra, sino por el propio presidente hace poco tiempo. Así que ahí están los papeles y la Justicia no tiene más que mirar los papeles», lanzó Lavagna contra todo el gobierno.

No hace falta ser un iniciado para saber que la firma de un proyecto responsabiliza por el contenido. Deberá la Justicia ahora investigar la participación de Miceli en esa iniciativa y los funcionarios que llevaron el proyecto hasta su despacho para la firma. Incluso de los que tuvieron durante días los expedientes en su despacho, como la actual secretaria legal del Ministerio de Economía, Estela Palomeque, y el resto de los funcionarios de línea que fueron avanzando ese trámite hasta incluirse en el ya famoso proyecto de ley, que cobijó el pago a los Greco bajo el sospechoso rubro «Deuda con proveedores».

En su imputación al gobierno, Lavagna aportó algún dato extra ayer sobre ese camino:

«Pasó por muchos despachos, obviamente este tipo de cosas pasa por no menos de diez o quince despachos, incluyendo finalmente el del propio presidente. De manera tal que ahí están todos los elementos que hacen falta, todo el resto son operaciones de distracción». Lavagna esgrime como defensa el haber frenado el pago de un hecho con origen distinto pero un final similar: el caso Meller. El gobierno tomó allí la decisión política de no pagar, a pesar de tener una orden de la Corte Suprema -en el caso Greco existe una conminación de la Justicia que está a punto de embargar, inclusive, bienes del Estadoy hasta terminó utilizando el antecedente para acusar a cuatro jueces de la Corte Suprema.

«Este es uno de esos casos como el que nosotros paramos unos años antes que era el caso Meyer, donde un juez llegó a advertir que iban a ser arrestados los funcionarios del Ministerio de Economía sino se cumplía con el pago que él ordenaba y sin embargo no hicimos el pago, hicimos todo lo que hizo falta para proteger el dinero del Estado. Este es un caso similar y ahora hay que dejar que quienes lo están investigando vayan adelante», acusó ayer Lavagna. Es lo mismo que les dijo a los radicales Morales y Sanz cuando fue consultado al inicio de las denuncias que ambos presentaron cuando descubrieron el pago oculto a los Greco en el Senado.