Lavagna quiere que los bancos paguen 50% de redolarización

Roberto Lavagna negocia personalmente desde ayer con la Corte Suprema para lograr que la solución al problema de la redolarización de los depósitos, que surgirá del inminente fallo de ese tribunal, permita compartir el costo con los propios bancos al menos en 50%. Los aspectos técnicos de este esquema fueron ya explicados a Eduardo Duhalde por gente del sistema financiero amiga del Presidente. A Duhalde le dijeron que el costo que representará esta solución para el Estado es en definitiva muy «bajo», si se dan las proyecciones de Economía: dólar estable y precios cediendo a un ritmo mayor que la moneda norteamericana. No quiere Lavagna convertirse en Erman González. Es decir, no quiere que su gestión quede fuertemente identificada con la emisión de un bono destinado a compensar a los ahorristas por la incautación de los depósitos bancarios. Además, evitar una crisis en el sistema bancario, aunque resulte una preocupación razonable, no puede ser un deseo superior para él, que desde joven manifestó una curiosa animadversión hacia el sistema financiero.

Por eso, en las últimas horas se ocupó personalmente de gestiones políticas que desemboquen en un fallo por el cual sea la Corte la que cargue con el peso de un «bonazo» que aparece como inevitable en todas las teorías. Si bien durante el fin de semana el encargado de las tratativas con la Corte fue el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, desde ayer es el propio Lavagna quien hace frente a las explicaciones delante de los jueces más proclives a entender las urgencias del gobierno. Son, con matices, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Julio Nazareno. Belluscio es el que aceptaría abiertamente la pesificación, sin más. Su teoría es que hay decisiones que son irreversibles, ya que, en términos de bien común, «es peor el remedio que la enfermedad» por los costos sociales que produciría. Es el caso de la redolarización, de la que el juez se aleja con argumentos extraídos de la jurisprudencia norteamericana.

• Matices

Boggiano, en cambio, prepara un voto según el cual debe reconocerse la propiedad de los depósitos expresados en dólares, pero la posesión debe otorgarse en pesos con la paridad de 1,40 más CER, a lo que se le agrega un bono emitido por el Estado. A diferencia del fallo de Belluscio, casi impensable por lo beneficioso para el gobierno, el de Boggiano resuelve el problema de manera equilibrada también para los bancos. Con la entrega del bono, éstos evitan el «goteo» y también los compromisos que deben enfrentar a partir del año que viene, cuando comienzan a vencer los depósitos reprogramados. Además, este ministro libera al gobierno del costo de ser el que resuelve la entrega del bono, que es la decisión más espinosa desde el punto de vista político.

Nazareno, por lo que adelantó a varios funcionarios del Ejecutivo, se inclina por reconocer la propiedad de los depósitos en dólares y delegar en el gobierno la manera de resolver la posesión, en un plazo de 60 días. Eduardo Moliné O'Connor se asociaría a la tesis de Nazareno. El bono debería ser decidido por el Ejecutivo o, más improbable, por el Congreso. Es difícil que diputados y senadores quieran hacerse cargo de ese problema y revivir la pesadilla de los cacerolazos del último verano. Pero, aun cuando lo aceptaran, se diferenciarían de Duhalde y Lavagna estableciendo un bono de menor plazo, una forma de que Nito Artaza y sus caceroleros se estacionen en la Plaza de Mayo y no en la De los dos Congresos.

Finalmente, tres jueces de la Corte prefieren desentenderse de la responsabilidad de disponer el modo en que será reconocida la propiedad de los depósitos en dólares. Son Carlos Fayt, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Estos magistrados piensan que debe ser cada juez quien determine cómo los ahorristas se harán de sus depósitos. Y siempre le queda a Duhalde promover por decreto o en el Congreso un «bonazo» que termine con el problema de manera drástica.

• Otra pelea

Alrededor de estas discusiones, que esconden un dilema cuya complejidad no requiere comentarios, se expande la pelea política. Eduardo Camaño resolvió promover el juicio político contra Vázquez y Fayt, indignado porque «no cumplieron el acuerdo no escrito de cuando les retiramos la acusación, hace dos meses». Lo acompañó Nilda Garré. Camaño está irritado consigo mismo: piensa que fue en vano transformarse en cordero para negociar con los jueces, a quienes en su momento soñó expulsar del palacio de Tribunales con «batatas» del conurbano.

Vázquez, por su lado, reaccionó querellando a los dos diputados. Todo sirve, si se quiere, para postergar la decisión, algo que muchos prevén. Un poco porque los jueces no consiguen sintetizar sus posturas en una mayoría. Otro poco porque el procedimiento exige operaciones que demoran la decisión. Acaso Lavagna no esté convencido de precipitar el desenlace: es posible que confíe en que los bancos, perjudicados por el «goteo», cooperen sin demasiadas quejas con él presionando a la Corte por una salida más equilibrada para el Estado. Lo cierto es que el 30 de diciembre se está volviendo una fecha cada vez más hipotética para que Duhalde se libere del principal motivo de mortificación de todo su período.