El gobierno logró avanzar ayer en el Congreso cuando el Senado le aprobó una prórroga por dos años de toda la legislación que delega facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, normas votadas hasta 1994 y que vencen el 24 de agosto. No se incluyó en el proyecto la renovación de ninguno de los «superpoderes» de los que gozaron los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, este último con la Ley de Emergencia Pública. Ese debate deberá realizarse antes del 31 de diciembre, fecha en que también caducan.
El Senado aprobó anoche el proyecto que prorroga por dos años la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo que incluye todas las facultades contempladas en leyes y decretos anteriores a 1994. El proyecto, el tercero desde que se estableció la obligación de codificar y ordenar esas normas en la última reforma constitucional en 1999, fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner y, si bien hubo una polémica inicial con el radicalismo, finalmente se sancionó con el apoyo de la oposición al reducir la prórroga de 3 a 2 años. No se incluyó en la ley (que debe ser tratada por Diputados antes del 24 de agosto, fecha en que vencen todas esas facultades cedidas al Ejecutivo) ningún otro poder especial que haya sido conferido por el Congreso al gobierno. Por eso quedan pendientes de discusión los «superpoderes» otorgados dentro de la Ley de Emergencia Pública que caducan el próximo 31 de diciembre.
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La iniciativa presentada por Cristina de Kirchner fue tratada sobre tablas dado que recién el martes pasado se reunieron las firmas para el dictamen en una breve reunión de comisión en la que no se manifestaron oposiciones al texto original, más allá del reparo que ya había sido planteado por los radicales. Se aprobó con 50 votos a favor y sólo dos en contra, en un trámite que casi no incluyó discursos, salvo el del miembro informante.
Esta tercera prórroga significaen realidad una nueva falla tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, ya que aún no se completó el digesto legislativo que permitirá saber el contenido de cada una de las normas en cuestión. El problema es que esa recopilación está pendiente desde 1994 y sigue aún sin resolución.
Bajo el sistema de legislacióndelegada se aprobaron, hasta la reforma de 1994, algo más de dos mil normas. Es decir, decisiones dictadas por el Poder Ejecutivo sobre la base de poderes delegados por el Congreso. Pero desde la Constituyente ese recurso quedó prohibido por el artículo 76 de la Constitución nacional. Desde ese momento sólo se autoriza la delegación de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública, argumento que fue utilizado por Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa, por ejemplo, para los «superpoderes» impositivos que se le dieron al ministro en cabeza del jefe de Gabinete, en su segunda vuelta por el Palacio de Hacienda, o los que obtuvo Eduardo Duhalde en la Emergencia Pública que le permitieron salir del sistema de convertibilidad y establecer un nuevo tipo de cambio mediante la firma de un decreto.
• Plazo vencido
La nueva Constitución estableció en la cláusula transitoria octava que, en cinco años, los legisladores deberían convalidar las normas que surgieran del digesto. Ese plazo venció en 1999, sin que se cumpliera la orden constitucional, y hasta hoy se realizaron, entonces, dos prórrogas en el '99 y en 2002. Pero la cuestión de fondosigue pendiente. En el caso de no aprobarse la prórroga de legislación delegada podría darse una suerte de caos jurídico ya que muchas de las funciones y decisiones que toma normalmente el Poder Ejecutivo quedarían sin sustento legal, y la mayoría de las ya tomadas por el Presidente al amparo de estas normas carecería de la necesaria ratificación del Congreso.
La delegación delegada permite, entre otras cosas, la creación y gestión de funciones relativas a correos, bancos oficiales, entes de recaudación impositiva, aduanas y educación, como también todo el manejo relativo a servicios públicos o gobierno de las Fuerzas Armadas, sólo por mencionar algunas de las funciones que la Constitución otorgó al Congreso y que éste cedió al Ejecutivo.
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