La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Iniciativa Popular a fin de establecer requisitos más flexibles para que los ciudadanos puedan promover normas, dado que nunca se pudo aplicar ese mecanismo, incorporado a la Constitución de 1994.
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La reforma reduce el porcentaje de firmas que se deben reunir para presentar un proyecto, establece un plazo de 18 meses para reunir las mismas y crea una comisión parlamentaria de asesoramiento para poder cumplir las condiciones de la ley.
El despacho de la comisión, que conduce el peronista Juan Manuel Urtubey, se redactó sobre la base de las iniciativas presentadas por el peronista Juan José Alvarez, la arista Marcela Rodríguez y la frepasista Nilda Garré. De acuerdo con el dictamen, los ciudadanos deberán conseguir el respaldo de 250 mil firmas de seis distritos electorales, lo que implica bajar el porcentaje que se exigía en la ley de 1,5% a 1% del padrón electoral.
Además se estableció que los ciudadanos tendrán 18 meses para poder reunir las firmas en lugar de 10 como proponía el bonaerense Alvarez. También se establece la creación de una oficina de atención y asesoramiento al ciudadano, que promueva el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley y los plazos que tendrá la Comisión de Asuntos Constitucionales tanto para expedirse sobre la admisión de la propuesta como para debatir en el recinto de sesiones.
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