La iniciativa alcanzará a hospitales públicos y universidades estatales bonaerenses para quienes no acrediten residencia permanente en el país.
Legisladores libertarios proponen cobrar a extranjeros no residentes por servicios sanitarios y universitarios en la Provincia.
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza y el PRO ingresó en la Cámara de Diputados bonaerense una iniciativa para cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente por el uso de los hospitales públicos y por cursar estudios de grado en las universidades estatales de la Provincia.
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Para definir a quiénes alcanza la medida, el proyecto recurre a la clasificación migratoria de la Ley Nacional 25.871, que distingue entre residente permanente, residente temporario, residente transitorio y quienes cuentan con autorización de residencia precaria.
El eje central de la argumentación gira en torno a la escasez de recursos provinciales y a la necesidad de priorizar a los bonaerenses: "La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses", plantean los redactores del texto.
En la misma línea, advierten que "la gratuidad indiscriminada, tanto en el sistema de salud como en educación, termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal".
El momento elegido para el desembarco parlamentario no fue casual: el proyecto ingresó en pleno furor de las redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, que había desatado una ola de burlas hacia la Selección desde distintos países.
En ese clima, el diputado Agustín Romo —uno de los impulsores de la norma— adelantó en X el espíritu del proyecto: "¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires".
En materia sanitaria, quien no acredite residencia permanente deberá afrontar el costo de las prestaciones que reciba: ya sea de su bolsillo, con un seguro médico o mediante un tercero responsable. Para turnos programados o atenciones de rutina, la persona tendrá que demostrar cobertura o pagar el arancel de manera previa.
La gestión del cobro no requeriría armar una estructura nueva, según plantea la iniciativa: se apoyaría en el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), que ya cuenta con nomencladores y mecanismos de facturación propios. Lo recaudado iría a parar al Fondo Provincial de Salud del organismo, con destino a insumos, equipamiento, medicamentos, obras edilicias y mejoras operativas en los hospitales.
El texto también deja en claro sus límites: nadie podrá ser rechazado, demorado o condicionado si está en riesgo su vida, y en esos casos cualquier intento de recupero de costos recién se activaría una vez estabilizado el paciente. Del arancel también quedan afuera las víctimas de trata y toda acción de prevención, vacunación o control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, por tratarse de cuestiones de salud pública.
En el plano universitario, la lógica es similar: las casas de estudio estatales bonaerenses deberán establecer un arancel para los extranjeros sin residencia permanente que cursen carreras de grado, y cada institución —dentro de su autonomía— definirá montos, formas de pago y actualización. "La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar", argumentan los firmantes.
Como contrapeso, se incorporó una cláusula de rendición de cuentas: tanto el Ministerio de Salud como las universidades alcanzadas tendrán que difundir cada año cuántas prestaciones o estudiantes quedaron comprendidos, qué se facturó y cobró, qué exenciones se otorgaron, los gastos administrativos que implicó el esquema y en qué se usaron esos fondos, sin exponer datos personales. La aplicación quedaría dividida: el Ministerio de Salud para el capítulo sanitario y cada universidad, dentro de su propia órbita, para el educativo.
El proyecto deja abierta además la puerta para que los municipios con centros de salud propios se sumen al esquema. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días corridos desde la publicación de la ley para reglamentarla, definir el nomenclador de aranceles y las reglas de facturación —el mismo plazo que tendrán las universidades para ajustar sus normas internas.
Además de Romo, firman la iniciativa Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.