Demasiados alardes de austeridad hubo en la Legislatura porteña durante la reciente sanción de una ley que crea un fondo de ayuda social de $ 15 millones y baja las dietas de los diputados. Sin embargo, un desfase administrativo hizo que los ediles se aumentaran su remuneración en lugar de reducirla. Esto ocurre al relacionar sus dietas con el sueldo de Aníbal Ibarra, quien hasta ahora, en los papeles, no se quitó un peso del salario y además anularía la norma.
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El Gobierno porteño quiere vetar la ley que rebajó los sueldos a todos los organismos de la Capital Federal, entre ellos el Consejo de la Magistratura y el directorio del Banco Ciudad. Dice Ibarra que esa norma que «enganchó» las remuneraciones de los diputados porteños con la de toda la administración no sería constitucional porque invade las atribuciones de un poder sobre los otros.
Hasta que no se publique el decreto de Ibarra mediante el cual baja su propio sueldo de $ 6.000 a $ 4.800, la letra de esa ley estaría determinando un aumento en la billetera de los ediles que guarda menos de $ 5.400 mensuales. La norma pautó que ellos cobrarán 90% de los que cobra el jefe de Gobierno. La cláusula se hizo con un acuerdo previo con Ibarra que les había anticipado su propia rebaja, pero hasta ahora el decreto no apareció. Se trataría de una demora administrativa, que ahora se cruza con la queja del sector acomodado de la administración porteña, los directivos que perciben de $ 6.000 a $ 15.000, quienes estarán obligados -si no se veta la norma- a cobrar lo mismo que un legislador, alrededor de $ 4.300. Ibarra, presionado por esos sectores está haciendo estudiar la legitimidad de la norma a su cuñado Juan Carlos López, procurador de la Capital Federal, con la idea de preservar algo de lo que se llevan los altos funcionarios de su gestión.
Lo cierto es que los legisladores quisieron dar lo que llaman un mensaje a la sociedad, sacrificando sus bolsillos, pero al mismo tiempo se pusieron intolerantes con los designados por ellos mismos.
«Resulta que a esta gente (directores del Ciudad, auditores, titulares de empresas del Estado porteño, consejo de magistrados) los nombramos nosotros, ganan el doble y se quejan», mascullan en los pasillos de la Legislatura.
• Veto
Saben ahora que Ibarra podría vetar la norma, pero tiene plazo de dos semanas para ese menester, el cual duda, por temor a correr el riesgo de lo que la decisión implica en momentos de alta tensión en los barrios de la Ciudad.
Por eso los diputados porteños de la Alianza corren contrarreloj para enmendar la disposición: antes de que venza el plazo para que la ley entre en vigencia, votarían una enmienda que quite del enganche al Consejo de la Magistratura. Creen que con eso quitan argumento a Ibarra, de quien piensan que las mayores presiones las recibe del Banco Ciudad, con directivos con privilegios que han sido ventilados tras el caso Mónica Almada, la directora que saltó el «corralito».
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