Eduardo Duhalde y Carlos Menem suscribirán hoy un acuerdo a través de sus representantes en el consejo y el congreso partidarios. El entendimiento se expresará en la fijación de una fecha para la interna presidencial del PJ, que se disputaría el 23 de febrero. Es un pacto mínimo, formal. Por más que Menem esté desvelado desde hace tiempo por las mutaciones que se introducen en el calendario, tanto que la ansiedad lo hizo hablar en público de un tema inédito en sus labios: el financiamiento de la campaña. El riojano, que odia hablar de dinero, confesó hace dos semanas en un programa periodístico que «si no se establece un cronograma cierto no se pueden administrar siquiera los recursos para hacer proselitismo».
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No hay que engañarse, sin embargo, con la naturaleza del contrato que los dos bandos firmen hoy en la sede del PJ. Podrá ser, a lo sumo, sincero pero es a todas luces insuficiente. Los dos problemas principales que distancian a Duhalde de Menem son difíciles de disolver en un acuerdo y seguirán provocando recelos y, tal vez, agresividad.
Aunque consiga fijar judicialmente la fecha de la elección del PJ y por más que le garanticen reglas confiables para competir con un adversario interno, Menem no conseguirá que el duhaldismo lo libere de su principal temor: la fiscalización de la elección en la provincia de Buenos Aires. Es allí, en esa operación, que Duhalde atesora su bala de plata. Para controlar comicios en ese distrito se requiere de un ejército de aproximadamente 8.000 personas. Sólo el Presidente cuenta con esa fuerza y, aunque no puede utilizarla a su antojo, tiene suficiente influencia como para desmovilizarla o hacerla trabajar sin pasión. Basta con provocar la inasistencia de esos auditores voluntarios para facilitar las cosas a quienes quieren hacer trampa. Lo dice con gracia un caudillo radical porteño: «Si la oposición no me pone fiscales me veo en la obligación moral de hacer fraude».
El temor de Menem no es teórico sino que se funda en antecedentes cercanos. No en la polémica radical desatada el domingo en el partido de la pureza del sufragio, donde se cruzan acusaciones inquietantes sobre la malversación del resultado electoral. Pero basta que el ex mandatario tienda la mirada un poco más atrás y llegue al 14 de octubre del año pasado, para encontrar algún motivo de intranquilidad. Entre las bambalinas de los partidos todavía circula la versión de que en esas elecciones el PJ y la UCR pactaron disminuir en los papeles el volumen de la abstención y el voto negativo para que la imagen de sus máximos líderes locales, Duhalde y Raúl Alfonsín, no apareciera tan deslucida. Ellos dos concurrieron a esos comicios como candidatos a senadores y casi quedan eclipsados por la oleada de abstención y voto negativo (anulado y en blanco) que se registró en esa oportunidad. En el Polo Social del padre Luis Farinello se insinuó alguna denuncia, que no prosperó seguramente por piedad cristiana.
•Pesadilla
Es comprensible que Menem, enterado de estas versiones se haya inquietado ayer, cuando supo que Rodolfo Terragno acusaba a Leopoldo Moreau de manipular los resultados de la internas. Moreau controla la UCR provincial y es considerado un dirigente filo-duhaldista. De allí que, por más que los reproches de Terragno carezcan de pruebas contundentes, en el menemismo desde el domingo se agigantan los temores.
Si el ex presidente no cuenta con un antídoto confiable para los temores que lo embargan, no hay pacto que le garantice tampoco a Duhalde evitar su propia pesadilla. Es nada menos que la intervención de la provincia de Buenos Aires. Desde que comenzó a desbarrancarse el gobierno de Fernando de la Rúa, la clase política argentina comenzó a estar dominada por un nuevo dato: existe en la Argentina un dispositivo de poder capaz, si se lo propone, de voltear a un gobierno. Esa tesis no considera los factores endógenos que provocaron la caída de la gestión de la Alianza. Enfatiza, en cambio, la combinación de piqueteros, Policía, fuerza legislativa y sindical (sobre todo del transporte) que en el imaginario político acosó a la administración De la Rúa hasta hacerla caer. Adolfo Rodríguez Saá es, en el seno del PJ, el testigo más solícito que tiene en su favor ese alegato. Como si el tiempo retrocediera al siglo XIX, cuando la guardia bonaerense contaba con un presupuesto superior al del Ejército nacional y Carlos Tejedor desafiaba a Nicolás Avellaneda por la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires.
•Problemas
Las cosas no han de ser tan articuladas como Menem las piensa. Pero no se puede negar que el próximo gobierno deberá enfrentar un conjunto de problemas difíciles, muchos de los cuales tienen sello bonaerense. Desde la situación del banco de la provincia -para el que hasta Duhalde aconseja una reforma-hasta la crisis de seguridad, que no pudo superarse siquiera con la intervención de la Gendarmería Nacional.
El Presidente conoce estos temores de su adversario y sospecha de su proyecto. Aunque la intervención federal sólo sea una ocurrencia para momentos de cólera menemista. Sin embargo Duhalde se inquieta igual, porque hasta Ricardo López Murphy habla de la necesidad de establecer un estado de sitio selectivo para hacer frente a la crisis de seguridad pública que tanto favorece a Aldo Rico y Luis Patti. Por eso el duhaldismo decidió, cualquiera sea el juego interno en el PJ, «alambrarse», por las dudas. Esto explica que la obsesión del Presidente sea armar una fuerza legislativa propia, que cuente con diputados bonaerenses y también legisladores de provincias que no gobierna el peronismo. Con estos diputados y senadores algunos duhaldistas creen estar en condiciones de resistir al próximo gobierno, si le resulta adverso. Con los piqueteros, los sindicalistas del transporte y alguna otra colaboración bonaerense suponen que sería posible, llegado el caso, derribarlo. Estas conjeturas realimentan las sospechas enemigas y el pacto pendiente, que excede el cronograma, se vuelve más inalcanzable.
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