"Los asambleístas tienen que respetar el fallo", insiste el Gobierno

Florencio Randazzo

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, declaró que el corte de ruta que mantienen los asambleístas de Gualeguaychú en rechazo a la pastera Botnia "obstruye la posibilidad de que Argentina pueda tener un control sobre la contaminación del río Uruguay".

En este sentido, en declaraciones formuladas este mediodía en el marco de un acto por el Día de la Seguridad Vial, el titular de la cartera política consideró que "la situación se ha modificado después del fallo de La Haya" y que "los asambleístas tienen que respetar este fallo", no obstante lo cual reafirmó la postura del gobierno de "no reprimir" a los manifestantes.

"Los asambleístas tienen que recapacitar y llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta porque perjudica además las relaciones entre Argentina y Uruguay, perjudica a los ciudadanos, al comercio", sostuvo Randazzo.

"En estos últimos tres años los hemos acompañado de la mejor manera, siempre dijimos que no había que reprimir pero ahora hay que respetar el fallo internacional", remarcó.

Para el funcionario, "no es fácil" señalar cuánto tiempo llevará liberar el puente y destacó que "hay que ser inteligentes, razonables y prudentes".

Pidió "apelar a la razonabilidad y a la buena predisposición y compromiso de aquellos que cortan el puente" ya que "esto obstruye la posibilidad de que Argentina controle la contaminación que en definitiva es el centro de la cuestión"

Otro que salió a hablar del tema fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien sostuvo que el corte del puente fronterizo con Uruguay "ya dejó de ser un reclamo o una lucha popular para ser un capricho", y dijo que "era vano notificar a quienes nunca van a querer notificarse".

"Ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho, que la planta tiene que salir" de la cuenca del Río Uruguay, dijo Fernández y agregó que la relocalización de la planta "no va a suceder" porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "es muy contundente al respecto".

Al justificar la decisión anunciada ayer en Casa de Gobierno, Fernández dijo que el Gobierno se presentó como querellante en la causa para que "de una vez por todas demos por terminada esta situación y podamos liberar el puente" General San Martín, cuyo acceso se encuentra bloqueado desde noviembre de 2006.

El funcionario reiteró que la Justicia "no ha tenido definiciones contundentes, fueron elípticas" sobre el corte de la ruta, ya que en los fallos "dicen `desalojen`, pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni responsables".

De esta manera, se refirió al fallo del juez Gustavo Pimentel, quien esta semana ordenó liberar la ruta, basado en resoluciones anteriores.

"Entendimos que era vano notificar a quienes nunca van a querer notificarse. Y para poner las fuerzas de seguridad a presionar, tendríamos que llegar a un punto de presión tal que estaríamos a un milímetro de tener que reprimir, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo", señaló.

Fernández precisó que el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, realizó anoche "a última hora" la presentación en el juzgado de Concepción del Uruguay, después de un problema en el aeropuerto de esa ciudad "para poder bajar, que nos llama poderosamente la atención".

"El juzgado no va a tener más remedio que mirarlo con mucho prudencia, ver quienes son los responsables y actuar sobre ellos", añadió.

Por último, dijo que el gobierno ha tenido "una paciencia inagotable" con el tema y que "sobran las conductas reprochadas" por parte de los manifestantes, a quienes "no tenemos que mirar como una masa amorfa, sino a responsables".