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Efectivos policiales realizaron ayer pericias en la puerta de la sede de la Jefatura de Gobierno porteña, donde manifestantes arrojaron un artefacto explosivo que inició fuego en las escalinatas de Bolívar 1.
«Eramos pocos y volvió Ibarra», ironizó ayer el legislador porteño Jorge Enríquez, quien actuó de fiscal en el juicio político que derivó en la destitución de Aníbal Ibarra.
Al conocerse el fallo judicial que sobreseyó al ex mandatario en el caso Cromañón (ver nota aparte) Enríquez sostuvo que «Ibarra va a tener que volver a la Facultad de Derecho si sigue confundiendo las responsabilidades penales con las políticas. Los legisladores no hemos juzgado la responsabilidad penal sino valorado que estaba comprometida su responsabilidad política».
Por su parte, el macrista Daniel Amoroso -ex integrante de la Sala Juzgadora- opinó en el mismo sentido: «Durante las audiencias pasaron cientos de testigos y se mostró documentación que confirmó que Ibarra incumplió sus funciones o las cumplió mal».
A su vez, los macristas Gabriela Michetti y Martín Borrelli aseguraron que «Ibarra miente» porque «el juicio político es una herramienta que la Constitución da a la Legislatura, que mide responsabilidades políticas y no penales».
En cambio, la izquierdista Beatriz Baltroc, que votó en contra de la destitución, afirmó que «era previsible que lo sobreseyeran ya que la Justicia había tomado la misma decisión con el ex secretario de Seguridad al momento de la tragedia, Juan Carlos López».



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