Diputados aprobó y envió al Senado los proyectos contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo, normas que impulsa el Poder Ejecutivo con el objetivo de adecuar la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Primero se aprobó la ley de financiación del terrorismo, con 134 afirmativos, 90 negativos y 2 abstenciones. Luego, la ley contra el lavado de activos obtuvo 165 a favor, 57 en contra y 4 abstenciones.
Si bien el Frente para la Victoria no tuvo problemas con el número para avanzar con los dos proyectos, la norma de financiación del terrorismo desató polémica en la oposición, que cuestionó la norma, al entender que podría avanzar en la "criminalización de la protesta".
El oficialismo incluyó una modificación en el texto oficial pero no alcanzó para que los bloques opositores decidieran acompañar en la votación.
El proyecto que genera polémica incorpora una nueva agravante en la parte general del Código Penal, que intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista.
La norma dice que se aplicará el agravante si la finalidad fuese la de "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo" y aclara que se utilizará "siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".
Al ser un concepto amplio, se cuestiona que esa figura podría usarse para "criminalizar la protesta".
La norma establece la reforma del Código Penal a fin de incluir las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero. El texto avanza en la tipificación de los delitos de uso de información privilegiada y manipulación de valores negociables, conductas penales que forman parte de los estándares recomendados por la GAFI.
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