Macri aceptó renuncia de un juez vinculado a la Triple A y la dictadura
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El exjuez habría pertenecido al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 desde 1980. Según constaría en el legajo remitido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, prestaba funciones con el grado A-1, como "asesor universitario". Su ingreso al destacamento contó con el aval de José Osvaldo Riveiro, el ex integrante de la Triple A condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad ejecutados en el marco de la Operación Cóndor y actualmente prófugo de la Justicia.
Uno de los testimonios más contundentes contra Montezanti es el de Riquelme Esparza, un exmilitante de la Juventud Peronista, que durante la dictadura se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Esparza fue secuestrado a mediados de 1977 en el centro de salud y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas en reiterados interrogatorios. Al declarar ante la Justicia, ubicó a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.
También se lo vinculó con el asesinato del estudiante de Ingeniería y militante de la Federación Juvenil Comunista, David Hover Cilleruelo, de 23 años, ultimado a balazos en la UNS y con el secuestro y crimen de Luis Jesús García, un joven obrero de 18 años de la constructora Interamerican, en Ingeniero White, que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS).
Todas estas acusaciones fueron expuestas por el juez Alejo Ramos Padilla.
En su carta de renuncia, el exmagistrado alegó "insuperable cansancio moral" tras ser sometido al jury y bautizó al alegato acusatorio como "una pieza asombrosa, paradigma de macartismo mesiánico, que hubiera agradecido a la Providencia me eximiera de tener que contemplar -y soportar- tras casi 48 años de nupcias con la abogacía".
Además, le desea "éxito en su gestión" a Macri y lo exhortó al Presidente a que "la independencia judicial sea algo más que una bella frase y que, por fin, sea más difícil en la Argentina echar a un juez que a un patotero".
Por otra parte, Macri también aceptó las renuncias de Juan José Dieuzeide al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala "D" (decreto 428); de Carlos Federico Carrillo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (decreto 429) y de María Cristina Carrión de Lorenzo al cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal (decreto 430). Estas tres dimisiones, se detalla en las disposiciones, serán efectivas a partir del primero de mayo próximo.
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