Mesa Judicial: otra camarista denunció "disciplinamiento" y apuntó a Macri, Mahíques y Tonelli

Presiones, campañas mediáticas y causas en el Consejo de la Magistratura, los elementos en común que mencionan las víctimas.

Marcos Peña y Jorge Triaca.

Por tercera vez una magistrada de alto rango expuso en una causa judicial las presiones que dijo haber sufrido en persona y junto a sus colegas por parte de funcionarios de Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos, con apoyo de medios de comunicación afines, destinadas a condicionar su labor. La camarista en lo Civil Marcela Pérez Pardo, la primera de este fuero, se sumó con su testimonio espontáneo por escrito al expediente por la denominada “mesa judicial” del macrismo que, convertido en una “megacausa”, tiene como imputados al propio Macri, a Marcos Peña, a Germán Garavano, a Juan Bautista Mahíques, a Gustavo Arribas y a Daniel Angelici, entre otros.

La presentación, a la que tuvo acceso Ámbito, fue entregada al fiscal federal Franco Picardi, quien quedó junto a la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo del expediente en medio de la pandemia y luego de que se excusara el anterior magistrado, Sebastián Ramos. El testimonio de Pérez Pardo se sumó a los de la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien motivó la apertura de la investigación por sus dichos en una entrevista radial, y al juez de segunda instancia del fuero laboral Luis Raffagheli.

Todos ellos dieron cuenta de una mecánica con varios puntos de contacto: intentos más o menos sutiles de influir en el direccionamiento de los fallos por parte de funcionarios de primera línea del gobierno anterior, y una vez fallida esa instancia, apertura de procesos de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura acompañados de una seguidilla de notas periodísticas y editoriales en medios de comunicación alineados con Cambiemos tendientes a martillar contra su prestigio y a identificarlos como jueces kirchneristas.

Además de los que ya presentaron sus testimonios por escrito, en la primera etapa de la instrucción el fiscal anterior, Ramiro González, había citado con el mismo tenor a los también camaristas laborales Diana Cañal, Graciela Marino, Néstor Rodríguez Brunengo y Enrique Arias Gibert. Al definir la imputación apuntó contra Macri y sus exfuncionarios Peña (jefe de Gabinete), Garavano (ministro de Justicia), Jorge Triaca (Trabajo), Pablo Clusellas y José Torello (ambos asesores), Bernardo Saravia Frías (procurador del Tesoro), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (operador) así como hacia Angelici, expresidente de Boca y operador judicial favorito del expresidente y a Mahíques, exconsejero de la Magistratura y actual fiscal general porteño.

Una vez a cargo de la instrucción el fiscal Picardi amplió el cuestionario dirigido a los camaristas para sus presentaciones por escrito (sus cargos les permiten no asistir en persona a prestar declaración), sumó a la jueza federal de San Martín Martina Forns, quien había dicho en entrevistas que también había sufrido presiones, y recibió el pedido espontáneo de Pérez Pardo para dar a conocer su testimonio. Esta última camarista lo concretó el viernes a través de un escrito de siete carillas al que tuvo acceso exclusivo este diario.

“Mi único interés en el pleito es el mejoramiento del servicio de justicia en su función constitucional, la erradicación o cese de vicios o actos de corrupción en el Poder Judicial y que se respete la función judicial como uno de los poderes del Estado en un sistema democrático y republicano de gobierno”, señala de arranque en su presentación la vocal de la Sala “L” de la Cámara Civil porteña. Pérez Pardo situó el inicio de las presiones en una causa que el tribunal tuvo de la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de Garavano en la gestión anterior, contra el Instituto Patria, el espacio político que fundó Cristina de Kirchner al dejar la Presidencia.

La exjefatura de la IGJ intentaba hacerse del libro de socios de la entidad la cual, a su vez, se negaba al amparo de la ley de protección de datos personales y con el argumento de evitarles a sus adherentes persecuciones del macrismo. Ese razonamiento fue acogido por la Sala “L” que falló, de manera unánime, a favor del Patria. “A partir de esta decisión la reacción inmediata de la IGJ contra quienes firmamos el fallo fue desmesurada, irracional, destemplada y arbitraria y no se corresponde con lo que cabe esperar de un organismo del Estado y dependiente del Poder Ejecutivo”, señaló Pérez Pardo. La camarista relató que luego se concretó “una denuncia contra los tres jueces en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura”.

“Paralelamente habría utilizado los medios de comunicación de gran difusión (escritos, radiales, televisivos y digitales) para sancionarnos, disciplinarnos y presionarnos por futuras decisiones, difundiendo opiniones críticas y ataques personales en lo que también habría sido un claro intento de presión y disciplinamiento a toda la Cámara Civil”, añadió la magistrada, para quien “en todo ese despliegue habría un claro objetivo en hacer saber qué podía pasar si los jueces resolvían en contra de las posiciones sustentadas por esos organismos del Estado”.

Según la jueza, exesposa del destituido camarista federal Eduardo Freiler, en su caso personal “se habría empleado también un alto nivel de descalificación de baja calidad” relacionado con sus “antecedentes personales y familiares”. “Se me cuestionó por integrar la Asociación Justicia Legítima asimilándola a una asociación política con el objeto de estigmatizarme y discriminarme”, alegó la magistrada. Y dijo que “otra muestra de la intención de discriminar y estigmatizar para disciplinar” fue la alusión desde el Ejecutivo anterior de su condición de exmujer de Freiler.

En este punto mencionó al presentador televisivo Jorge Lanata al que le inició una demanda por haber “propiciado un ataque” a los hijos fruto de aquella pareja “por entonces menores de edad, al pedir que fueran escrachados en sus colegios” por un fallo en aquel momento pendiente respecto de Amado Boudou. “Quedaba claro para los jueces (…) que, para lograr un objetivo, el Ejecutivo podría ser capaz de recurrir a cualquier estrategia o recurso para remover a un ‘juez díscolo’ o que no resolviera conforme a sus intereses políticos o personales”, apuntó.