Piden los registros de la presión pública a jueces

Picardi solicitó a Dajudeco todas las manifestaciones en medios de Macri y su "Mesa Judicial "contra Gils Carbó, Figueroa y otros magistrados. Carrió, Sanz, Pinedo y Laura Alonso, primera vez mencionados

Mauricio Macri vuelve de lleno a la política de Boca.

Gentileza: Portal Movil

La causa principal sobre la denominada “mesa judicial” de Mauricio Macri intentará determinar el grado de hostigamiento al que los exfuncionarios habrían sometido a varios jueces y fiscales como método para forzarlos a resolver expedientes en favor de la gestión de Cambiemos, o bien renunciar a sus cargos. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la instrucción del sumario mientras se determina si habrá cambio de juzgado, ordenó un relevamiento sobre todas las expresiones en entrevistas, redes sociales o actos públicos de Macri y sus colaboradores respecto de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la camarista de Casación Ana María Figueroa y otra decena de jueces y camaristas de diversos fueros que tramitaban sumarios de interés para el gobierno anterior.

El pedido de Picardi, al que este diario accedió en exclusiva, fue remitido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema, para que el organismo haga un sondeo en fuentes abiertas de los dichos de los exfuncionarios durante el período 2015-2019. Solicitó relevar todas las alusiones públicas a Gils Carbó, Figueroa, los camaristas Eduardo Farah, Marcela Pérez Pardo, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Diana Cañal, Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, y a las juezas Martina Forns, Mirta González Burbridge y Eva Temis (fallecida en 2017).

El estudio planteado apunta a una gama extensa del equipo de Cambiemos e incorpora por primera vez en la causa a Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, al dirigente radical Ernesto Sanz, al exsenador Federico Pinedo, a la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y al abogado Guillermo Lipera. El resto de la lista tiene a Macri a la cabeza (imputado en la causa) e incluye a su exjefe de Gabinete Marcos Peña, los exministros Germán Garavano, Patricia Bullrich, Jorge Triaca y Juan José Aranguren, y a otros previamente mencionados como integrantes conspicuos de la “mesa judicial” como José María Torello, Esteban Conte Grand, Pablo Clusellas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías, Pablo Tonelli y el exjefe de la AFI Gustavo Arribas.

En el año que Picardi lleva la instrucción de la causa por delegación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti (que esta semana declaró la conexidad del expediente con uno anterior y lo remitió por completo a su par Ariel Lijo) el fiscal recopiló testimonios de los funcionarios judiciales señalados por los denunciantes como víctimas de presiones por parte del equipo de Macri e investigó la ruta de los pedidos de informes que se realizaron desde varias áreas del Estado (AFI, ANSES, AFIP, Aduana, Policía Federal) sobre esos jueces y fiscales para determinar si se utilizaron esos datos para montar una persecución en su contra con la colaboración de medios periodísticos afines a Cambiemos.

En sus declaraciones hubo coincidencias entre los funcionarios apuntados: en todos los casos había en sus despachos causas sensibles para la anterior gestión, y la persistencia en no allanarse a la orientación que Cambiemos pretendía para esos sumarios los ponía frente a pedidos de juicios políticos ante el Consejo de la Magistratura y a un asedio público por parte de comunicadores y medios periodísticos alineados con Macri.

Para la diligencia que ordenó esta semana el fiscal (la medida podrá ejecutarse más allá del resultado de la excusación presentada por Capuchetti) la Dajudeco deberá “relevar todas aquellas manifestaciones directas de carácter público -bien sea por entrevistas, conferencias u otros eventos, redes sociales, etc.- de funcionarios o allegados a la gestión” macrista, “cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales” hacia los jueces y fiscales apuntados. El relevamiento deberá incluir las cuentas personales en redes sociales de los integrantes de la “mesa judicial”, portales de noticias y medios periodísticos tradicionales de alcance nacional.

La causa arrancó en mayo del año pasado por una entrevista radial en la que la camarista Figueroa alegó haber sido visitada por un exfuncionario que le reclamó celeridad en un pronunciamiento pendiente en la causa por el denominado memorándum con Irán. Sus dichos fueron recogidos por legisladores del Frente de Todos que presentaron una denuncia ante la Justicia federal. En sede judicial y por escrito, Figueroa terminó por confirmar que el intento de presión había sido ejercido por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura de Cambiemos y actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires designado por Horacio Rodríguez Larreta.