Aunque el gobierno le quita importancia, la escalada de violencia piquetera ya lo empaña todo. Anoche se registró una reunión de la cúpula de la Policía Federal, criticada por el propio Presidente desde China. Trascendió malestar en los jefes por la falta de respaldo y hasta la posibilidad de un retiro masivo. Se habló de renuncias del jefe Prados y del subjefe Caruso, empujadas por el malestar de los oficiales. Igual, hay medidas que implican una protesta, como retener a oficiales en comisarías cuando terminan sus turnos. Esta madrugada, seguía una reunión de los mandos que evaluaban el resultado de una negociación del jefe con el ministro Béliz. La crisis se concentra en Capital y en el Gran Buenos Aires, pero conmueve a todo el país. Aceleró ya un encuentro para hoy entre Eduardo Duhalde y el jefe de Gabinete para quitarle trasfondo político. El gabinete se divide ante los hechos: Alberto Fernández avala a D'Elía, y el ministro del Interior duda de este dirigente. Los activistas insistieron en llamar a más violencia, pero ayer duros y blandos comenzaron a diferenciarse. Hebe de Bonafini incitó a más asaltos a policías y concentró la carga contra Duhalde. Ayer hubo un caso en la localidad de Tres Arroyos, donde vecinos «enojados» atacaron una comisaría.
Los dos principales mandos de la Policía Federal, el jefe Eduardo Prados y su segundo, Daniel Higinio Caruso, le expusieron anoche a Gustavo Béliz el malestar de esa institución ante la falta de respaldo político del gobierno. Los responsables de la seguridad le transmitieron al funcionario cómo la oficialidad de la fuerza les había manifestado descontento por las palabras de ministros y del propio Néstor Kirchner, que ponen en duda la integridad ética y profesional ante la ola de piqueterismo y también de delincuencia común.
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En esa reunión, en el edificio Océano de la calle Lavalle de la Capital Federal, esa cúpula policial planteó su alejamiento de la institución, algo que frenó el funcionario con promesas de solidaridad. Se habló, además, de la intención de dos altos mandos, el superintendente de Seguridad Metropolitana y del director de Comisarías, de alejarse del cargo. Esto último era tema de un agrio debate en la plana mayor de la institución -luego de la reunión con Bélizque se extendía en los primeros minutos de esta madrugada.
Desde el sábado pasado, cuando los activistas del ala oficialista de Luis D'Elía saquearon la Comisaría 24ª del barrio porteño de La Boca, los superintendentes y comisarios vienen planteando una catarata de quejas por haber quedado sin cobertura política. ¿Cómo un oficial -dicen los policías-va a ordenar no ya reprimir sino la defensa misma de las instalaciones policiales si desde la Casa de Gobierno los amenazan con el destino de un Rubén Santos, que sufrió detención y está procesado por haber intentado poner orden en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001? ¿Con qué argumento pueden responder a la agresión del delito y del activismo político violento si desde China el propio Kirchner dice que no va a activar ninguna respuesta del Estado «con esta Policía de gatillo fácil»?
Desde ese día las comisarías han tomado previsiones que están dentro del reglamento, pero que en lo político pueden entenderse como una suerte de autoacuartelamiento: es disponer un retén de oficiales que le hace cumplir una carga horaria adicional al personal superior cuando terminan sus turnos. Implica una medida de más protección de la comisaría, pero es también una sobreactuación a modo de protesta de los uniformados.
Durante el fin de semana se fueron sumando esas quejas que anoche Prados tranquilizaba anticipando reuniones con el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y el propio Béliz.
En el diálogo con el ministro, los jefes de la Federal le dijeron que se les hace muy difícil mantener la paz en los cuadros policiales con este tipo de agresiones, algo que en el lenguaje de las instituciones armadas o de seguridad es una amenaza de renuncia, una protesta parecida a un planteo ante un gobierno que justifica ataques a comisarías como el del sábado a la madrugada. Béliz les transmitió una confirmación de parte del primer magistrado en sus cargos en un intento de cubrir una crisis de la institución que podría estallar con el Presidente fuera del país. Hoy habrá una muestra del estado de la crisis si un grupo de piqueteros del ala trotskista del Polo Obrero cumple con su amenaza de manifestarse en las puertas de la Legislatura porteña. Allí, los legisladores tienen prevista una sesión para aprobar reformas al Código de Convivencia que sanciona delitos menores o «faltas». Esa reforma, que nadie asegura sea votada en este clima, ha acentuado la discordia entre los legisladores. Prevé arrestos por obstrucción de la vía pública cuando no se ha dado aviso previo a la autoridad competente.
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