14 de diciembre 2000 - 00:00

Malo: intentan que Hipódromo porteño sea de nuevo estatal

La nueva ley de juego para la Capital Federal estatizará todas las apuestas porteñas, incluso el Hipódromo de Palermo.

La Legislatura porteña vetó anoche la ley que regulará los juegos de azar en la Ciudad, tras una polémica en torno a si se permitirán o no casinos, que quedó enmendada a último momento. Podrá haber casino, sólo estatal, pero se agregó una cláusula en la norma en la que se insta al jefe de Gobierno de la Capital, Aníbal Ibarra, a llevar a cabo las acciones necesarias para que se clausure el casino flotante.

A partir de la promulgación si Ibarra quiere instalar un casino en la Capital deberá pasar por un engorroso trámite: la iniciativa debe provenir del Ejecutivo (es decir de Ibarra y no de los legisladores) y sometida a un proceso de doble lectura, que implica una primera aprobación de los diputados porteños con mayoría especial (dos tercios de los votos), una audiencia pública para que los vecinos den su opinión y finalmente otra sanción en el recinto.

De ese modo la aprobación de una ruleta porteña queda en manos de oficialistas y opositores para llegar a la mayoría especial, tal como está compuesta ahora la Legislatura con 25 bancas de la Alianza, 20 de Encuentro (cavallistas, belicistas y peronistas) y 15 de partidos chicos.

Soledad

El radicalismo, a pesar de esos agregados que se hicieron ayer mismo a la norma, tal como anticipó este diario, votaba en contra de sus socios del Frepaso porque querían expresamente prohibir los casinos en la Ciudad. Los 7 legisladores del Frente Grande quedaron solos en la idea inicial del artículo 9 de la discordia que ya preveía el trámite de doble lectura y mayoría especial, pero no tenía en cuenta que la propuesta quedara como exclusividad del Ejecutivo y acordó con Encuentro la votación final. Así se obligará a Ibarra a desistir del intento, en medio de la crisis interna que provocó el tema, con Raúl Alfonsín y Darío Alessandro alentando la prohibición para siempre de las salas de juego. El bloque Encuentro se unificó en torno a la norma e impuso los agregados, tras una dura discusión con el belicismo que enfrentaron Enrique Rodríguez -presidente de la comisión que emitió el despacho-y el titular de la bancada Jorge Argüello, con el respaldo del belicista Lucio Ponsa Gandulfo, para convencer a Gustavo Béliz de la conveniencia de sancionar una ley «antes de no poder controlar las apuestas clandestinas».

Las reglas del juego en la Capital además imponen el cierre de las salas de bingo y del Hipódromo porteño para cuando finalicen las concesiones. Los permisos no se pueden renovar, pero la Ciudad en ese momento podría administrar esas apuestas, de acuerdo a una cláusula transitoria de la nueva norma que estable que los permisos «no pueden ser renovados bajo ninguna circunstancia».

Por cierto en la Constitución de la Ciudad ya se fijó que los juegos de azar no pueden ser privados en el distrito, ni tampoco concesionados.

Las tradicionales carreras de caballos quedarán sometidas primero a una revisión del otorgamiento de su concesión y habilitación correspondiente que deberá hacer
Ibarra. Luego, si todo está en regla, una vez que caduque el contrato que en 1992 firmó Hipódromo Argentino de Palermo SA con la Nación por 25 años, las carreras serán administradas otra vez por el Estado, que ya fracasó en esas cuentas de azar anterior-mente.

Ibarra
, una vez que promulgue la norma, queda habilitado para revisar todas las concesiones, autorizaciones y convenios emanados de Lotería Nacional dentro de la Ciudad.

Es decir, que aparte del polémico artículo que permitiría la instalación de casinos en la Capital, la nueva ley porteña es la que regulará todas las apuestas que se organicen, administren, exploten o comercialicen en el distrito.
De esta manera la Ciudad tendrá control sobre la actividad de Lotería Nacional, sociedad del Estado, en todos los billetes que distribuye (Loto, Quiniela, La Solidaria, entre otros) e incluso sobre el casino flotante que está amarrado en la costa porteña del Río de la Plata y los 5 bingos que son explotados por la entidad, cuya recaudación tiene como principal destinatario al Ministerio de Acción Social.

Conflicto

La promulgación de la ley podría crear así un conflicto de poderes, ya que Lotería Nacional se organiza de acuerdo a una ley de la Nación y
ahora tendría que adecuarse a las normas porteñas en cuanto a las agencias que tiene en la Capital Federal.

Por eso ayer, asesores legales de Lotería Nacional estuvieron en la Legislatura porteña para alertar a los diputados de la Ciudad acerca de esos puntos, hasta minutos antes de que comenzara el debate en el recinto. Cuando se dé por finalizada la actividad de los bingos, a partir de 2003, la Ciudad podría explotarlos a través de un ente o cerrarlos definitivamente. En ese sentido no hay un artículo en la ley que hable del destino de esas salas de juego. En cambio, se agregó también, como parte de la conciliación para poder sancionar la ley, la prohibición de máquinas tragamonedas.

Ibarra
firmó con Lotería Nacional un convenio para recibir parte del producido de las apuestas en el distrito que hasta ahora no recauda por la carencia de una norma, pero lo debe homologar la Legislatura. En ese convenio Ibarra acepta incluso un porcentaje de la apuestas del casino flotante, lo que se choca con el punto transitorio de la nueva ley que lo obliga a intentar la clausura de esa ruleta. Con la puesta en marcha del convenio la Ciudad recibirá $ 30 millones en un primer año que destinará a viviendas.

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