Maratón legislativa por penas mas duras

Juan Carlos Blumberg tuvo un primer logro con su conmovedora convocatoria contra la inseguridad: que el Congreso sesionara durante Semana Santa y que la Legislatura bonaerense hiciera lo propio. Una rareza histórica, más cuando todo el país estará paralizado esta semana por feriados. Decidieron sesionar para debatir normas que fueron incluidas en el petitorio entregado durante el acto en Plaza Congreso y que ya tenían en agenda desde hace tiempo. Pero aclaran que existen leyes de seguridad ya votadas sin reglamentar por el gobierno. Mientras, Felipe Solá le pidió al gobierno $ 800 millones para poner más policía en las calles de su provincia, Néstor Kirchner analiza una versión actualizada del proyecto de seguridad que le presentó Gustavo Béliz hace varias semanas. El Presidente quiere anunciarlo personalmente y lo mantiene en secreto. Se sabe que el paquete incluye, entre otras medidas, que los fiscales puedan decomisar mercaderías en locales donde encuentren efectos robados y que Solá pueda intervenir municipios bonaerenses. Blumberg descree de la investigación y pidió personalmente a la SIDE conocer detalles del expediente con datos sobre el secuestro y asesinato de su hijo, ya que insiste en dudar de los fiscales.

En el Congreso, no quieren otras 200 mil personas pasado mañana (como el último jueves) protestando porque no aprobaron leyes más duras contra la inseguridad. Por eso, sesionarán en Semana Santa.

El Congreso Nacional aprobará el miércoles un paquete de leyes contra la inseguridad que incluye agravar las penas de robo con armas, prohibir la salida anticipada de la cárcel de secuestradores y violadores, aun en el supuesto de «buena conducta» en presidio, convertir en delito no excarcelable la portación de armas cuando hay antecedentes y darle trabajo a procesados y condenados en labores comunitarias y obra pública, de manera tal de reinsertarlos en la sociedad.

El paquete es consecuencia de la masiva marcha que encabezó el padre de Axel Blum-berg el último jueves. Para sancionarlo, habrá sesiones especiales el miércoles en ambas alas legislativas. Será el sector que favorece penas más duras --el más resistido por el gobierno de Néstor Kirchner, que simpatiza con el garantismo-el que le dará impulso a las normas exigidas por las 200 mil personas que se reunieron hace 4 días ante el Palacio del Congreso.

Aún cuando sea discutible la forma y el contenido (¿sólo basta con endurecer los castigos?), diputados y senadores se vieron forzados a romper la tradición de tomarse un descanso en Semana Santa. Sólo existe un precedente desde la reinstauración de la demo-cracia en 1983. En 1987, deliberó una asamblea legislativa en apoyo de Raúl Alfonsín, mientras Aldo Rico encabezaba la sublevación carapintada.

El Ejecutivo no queda exento de los deberes pendientes. Y no sólo porque es responsable de la política de seguridad a nivel federal. Daniel Scioli sentenció ayer que «no hay excusas; por eso los tres poderes del Estado tenemos que escuchar este clamor de la sociedad, demandando justicia y seguridad». El vicepresidente adelantó que la Cámara alta también debatirá una propuesta del radical Jorge Agúndez para castigar a los capita-listas del juego ilegal con una pena que va de seis meses a cuatro años de prisión, con lo cual quienes actúen en la clan-destinidad dejarían de ser apenas contraventores y esto redundaría en una mayor recaudación oficial (una parte podría ayudar a contar con más fondos para combatir el delito).

En el petitorio que elaboró Juan Carlos Blumberg hay una demanda para que sea más difícil falsificar los DNI. En la actualidad, el Registro Nacional de las Personas compra las cartulinas verdes al Instituto Geográfico Militar con un alto costo (la foto se pega todavía manualmente), razón por la cual con sólo conseguir la cartulina se simplifica la adulteración de los DNI. El ReNaPer -dicen los especialistas-podría confeccionarlos, con un alto grado de seguridad y a un precio mucho menor al de los pasaportes que extiende la Policía Federal, en la planta porteña de la calle Pedro Chutro que quedó de la época del fallido contrato con una firma alemana.

En paralelo, el Ministerio de Justicia deberá cumplir con un requerimiento de Felipe Solá, que consiste en reglamentar la ley de decomiso ya aprobada por el Parlamento nacional. Esta norma permite a la Justicia incautar bienes y mercaderías supuestamente robados que están en poder de los delincuentes.

El PJ de la Cámara baja reclamará mañana a Eduardo Camaño, que recibió junto a Scioli el memorándum de manos de Blumberg, que lo remita a la Comisión de Legislación Penal. Allí terminarán de sacar dentro de 48 horas los dictámenes necesarios para la sesión del miércoles, a las 11. La dependencia, que coordina el radical de Misiones, Hernán Damiani, no tendrá tiempo de convocar a especialistas dada la urgencia (había intenciones de hacer una ronda, entre otros, con Eugenio Zaffaroni, León Arslanian y el ex juez de instrucción Marcelo Fainberg que acaba de publicar el libro «Inseguridad ciudadana, violencia y criminalidad», con análisis, estadísticas y propuestas sobre la materia).

• Exigencias

En el petitorio que acercó Blumberg figuran, entre otras, las siguientes exigencias del padre del joven asesinado y de quienes acompañan con su firma:

• Una ley que reprima la portación de armas, con pena de prisión no excarcelable (figura en el temario que logrará la sanción de Diputados, aún cuando se establece que debe tener el portador antecedentes penales -se le aplicará de 4 a 10 años-; el Senado, a instancias del Poder Ejecutivo, había validado una iniciativa que establecía un castigo de 3 a 8 años).

• Una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil. Y facultar a la Policía para que pueda secuestrar el celular de quien lo tenga en forma irregular (este proyecto fue avalado en diciembre por la Cámara baja y se tratará este miércoles en el Senado).

• Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) que impida su falsificación, como los pasaportes (este punto le corresponde al gobierno).

• Aumentar las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación, y que el régimen penal sea especialmente severo si en el delito participan funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad. También, que las penas sean de cumplimiento efectivo, sin salidas anticipadas. Y que se modifique el régimen de imputabilidad penal de los menores (en la materia hay un proyecto del peronista Jorge Casanovas, vice de Legislación Penal y comisionado por la bancada oficialista a coordinar la sanción del paquete de leyes, así como de Carlos Ruckauf y la salteña Lelia Chaya, destinado a que viola-dores y secuestradores tengan que cumplir la totalidad de la pena, aún cuando tengan «buena conducta» en presidio; los senadores prometen avanzar en este planteo pasado mañana).

• Que se modifique la pena en casos de condena por dos o más hechos, sumándose los años de las penas sin límites máximos.

• Que la pena perpetua no tenga 25 años de cárcel, sino que sea de por vida (Casanovas presentó una iniciativa sobre concurso de delitos que debe ser discutida y consensuada con otras posiciones).