El gobierno está habilitado desde ayer a distribuir los fondos extra para campañas que fijó la nueva ley de financiamiento de partidos políticos votada en diciembre en el Congreso.
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Esa norma elevó 50% los gastos autorizados para los partidos políticos y al mismo tiempo incrementó los controles judiciales sobre esos fondos. Ayer, con la publicación en el Boletín Oficial, quedaron en vigencia los casi 80 artículos de esa norma que modificaron la ley de financiamiento partidario que había sido aprobada en 2002 como parte de la reforma política, en momentos en que primaba el «que se vayan todos».
Ahora, la nueva Ley 26.215 duplica el techo de fondos autorizados para gasto de los partidos políticos para encarar sus campañas electorales. Esto equivale a llevar a $ 1,50 el actual nivel de $ 1 peso por voto obtenido. Además, se incrementa de $ 0,30 a $ 0,50 el tope en el caso de existir segunda vuelta electoral.
Con este incremento, en la campaña de este año el tope de gasto permitido pasará de $ 25 millones a $ 37,5 para cada fórmula presidencial.
Esta ley, que modifica la 25.600 de Financiamiento Partidario, establece además la responsabilidad directa de los encargados políticos y económicos de cada fuerza en el control y el seguimiento de los aportes realizados a los partidos por particulares o empresas.
Así, fija que «quedan expresamente prohibidoslos gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros»: «La prohibición de la contratación por parte de terceros es uno de los temas medulares porque es el que establece que nadie va a poder realizar ninguna contratación publicitaria que no sea avalada por el responsable político-económico de campaña», había explicado en el recinto de Diputados Juan Manuel Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando defendió la ley.
Contratación
Por otro lado, la ley aumenta los fondos destinados para la Cámara Nacional Electoral con el fin de que incremente el número de auditores que deben controlar los informes de los gastos de campaña de los partidos políticos.
Como curiosidad, prevé la contratación de un servicio de seguimiento de medios que certifique cuánto espacio publicitario utilizan los partidos políticos para la promoción de candidatos en medios gráficos y cuántos minutos de aire, tanto en radio como en televisión.
Por otro lado, fija en 180 días el plazo para que los jueces electorales establezcan eventuales sanciones a los partidos que violan alguno o algunos de los aspectos vinculados con el financiamiento partidario y los gastos de campaña.
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