Patricia Bullrich redobló ayer su pelea con Carlos Chacho Alvarez al ordenarles a abogados del Ministerio de Trabajo que presenten una denuncia penal contra el concejal del Frepaso en la Matanza Luis D'Elía y otros dirigentes de ese partido por presunta «asociación ilícita, extorsión y estafa» a personas que requerían los planes Trabajar. La denuncia del ministerio se originó al publicarse que estos dirigentes les exigían a los beneficiarios de esos planes de ayuda solidaria entre 60 y 80 pesos para entregarles nominalmente bonos por $ 160 mensuales.
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El escrito oficial sostiene que «dichos ilícitos -está la investigación en marcha en un juzgado de garantías del conurbano-interesan particularmente al Estado nacional por el perjuicio que causa al erario tener que afrontar el pago de dichas 'ayudas económicas' y que luego inescrupulosas personas y pseudoorganizaciones -montadas con la apariencia de ayuda comunitaria-se dediquen a presionar a los beneficiarios (en muchos casos analfabetos) exigiéndoles dinero bajo amenazas y presión de que serían sacados de los programas en los que se encuentran trabajando».
El 17 de enero pasado varios miembros de una organización denominada Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, laVivienda y el Hábitat de la República Argentina habrían exigido dinero a los beneficiarios de uno de los planes Trabajar, bajo (supuestas) amenazas de borrarlos de dichos programas de ayuda económica para jefes de familia desocupados, y su asistencia personal a movilizaciones y cortes de ruta.
El caso fue denunciado por Cristóbal Reinek y Néstor Verdum y ratificado testimonialmente por José Angel Gramajo, Enrique de Jesús Sotelo, Alicia Mabel Barreto, Elsa Molino y Sandra Noemí Aliano -empleados municipales-, quienes declararon que dichas exigencias fueron formuladas en un gimnasio del barrio El Tambo. Los principales acusados, además de D'Elía, son Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, y Claudio Palermo, además de otra organización, aparentemente ilegal, que funcionaría bajo la denominación Cooperativa Unión, Solidaridad y Organización.
Los nombrados se hacían aparecer como integrantes de asociaciones civiles sin fines de lucro pero --coactivamente-exigían incluirlos en las listas de los planes Trabajar a través del Consejo de Emergencia de La Matanza. También están acusados de cobrar una cuota sindical sin que exista sobre esa organización la autorización correspondiente por parte del Ministerio de Trabajo y el otorgamiento de la personería gremial necesaria para funcionar como sindicato. La denuncia del Ministerio de Trabajo revela una parte del testimonio de Alderete, quien sostiene que «a muchos beneficiarios de los planes Trabajar se les sacan sesenta, setenta y hasta ochenta pesos. Sé que punteros del Frepaso, del radicalismo, del peronismo, abusándose de la modestia de la gente, les dicen: si no me das tanto te dejo sin trabajo.Y se lo dan». El paper de Bullrich pide que se investigue especialmente a D'Elía por su calidad de concejal, lo que agrava la calificación penal porque aparece como principal directivo de la organización, presuntamente ilícita.
El ministerio le solicitó al fiscal instructor, Gustavo Banco, que se pidan informes a la Inspección General de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige Víctor De Gennaro, a la Dirección Provincial de Rentas, a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, a la Comisión Municipal de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Provincial de Tierras y a la Municipalidad de La Matanza.
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