El gobernador de La Rioja, Angel Maza aseguró hoy que su gobierno "no tiene inconvenientes" en que la provincia sea auditada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque "puede mostrar una profunda reforma política para reducir el gasto público y un permanente monitoreo de sus cuentas fiscales".
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En ese sentido el gobernador advirtió que "nos parece bien que nuestras cuentas sean monitoreadas porque si solicitamos dinero para hacer crecer la economía, todos quieren saber cómo y en qué se gasta".
Sin embargo, en un informe oficial, el gobierno advirtió que La Rioja "no tiene ninguna posibilidad de reducir su planta de empleados estatales, porque no existen otras opciones de empleo genuino, sobre todo cuando el sector privado agroindustrial atraviesa una inusitada crisis".
La administración estatal riojana cuenta con 31 mil empleados públicos que demandan, en sueldos líquidos, unos 25 millones de pesos mensuales, según la información proporcionada por el Ministerio de Economía provincial.
Este año La Rioja reformó su Constitución y redujo en 25 por ciento la unicameral Legislatura que en lo sucesivo contará con 23 diputados.
Además se eliminaron casi 100 bancas de concejales municipales y se redujeron en 30 por ciento los sueldos de los funcionarios, quienes también dejaron de percibir el aguinaldo.
En aras de mostrar ante los organismos nacionales e internacionales "esfuerzos concretos para reducir el gasto", el gobierno local destaca "el proceso de gerenciamiento privado iniciado en el área de la Dirección General de Ingresos Públicos (Rentas) y la privatización de la empresa provincial de obras sanitarias".
En tanto Maza firmará hoy un convenio de asistencia recíproca con su par salteño, Juan Carlos Romero, que "permitirá desarrollar un mas eficiente control en las liquidaciones salariales, con el fin de evitar irregularidades que puedan impactar negativamente en el erario público".
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