La Justicia llevó adelante un megaoperativo contra el juego ilegal y el lavado de dinero en countries, municipalidades y el bingo en Moreno, ordenada por la Fiscalía Federal de Hurlingham y la PROCELAC; y convalidadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón. A raíz de esto, 19 sospechosos fueron detenidos y fueron secuestrados unos 60 vehículos, 120 millones de pesos, u$s20.000.
Megaoperativo en varios countries contra el juego ilegal: 19 detenidos, 20 prófugos y $120 millones incautados
El procedimiento fue llevado a cabo contra una organización que estaba detrás de la organización de casinos online ilegales. Durante el operativo fueron secuestrados 120 millones de pesos, u$20.000 y más dinero en otras monedas.
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Parte de los allanamientos fueron hechos en el barrio privado El Rebenque - ubicado en Canning - además de en los countries Terralagos y Santa Juana. La investigación comenzó en mayo de 2023 con los datos aportados por un informante, quien denunció la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, que sería liderada por un hombre identificado como Roberto Zuco.
El megaoperativo contra el juego ilegal
La investigación fue llevada adelante por Gendarmería y dirigida por el fiscal Santiago Marquevich, junto a su auxiliar Eduardo Ezequiel Suárez y el secretario ad hoc Emanuel Pelegrina.
Según determinaron, la organización operaba - desde 2020 - a través de otras urls como www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space. A través de estos portales, los usuarios realizaban transferencias y pagos mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros.
Según la principal hipótesis, el grupo utilizaba una estructura de “cajeros” encargados de realizar depósitos fraccionados en distintas entidades financieras para canalizar fondos de origen ilícito obtenidos a través de plataformas de apuestas online y eludir los controles automáticos del sistema. Los fondos luego eran derivados a cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de prestanombres, es decir, familiares o personas sin capacidad económica comprobable.
El circuito de blanqueo incluía retiros en efectivo, compra de inmuebles y vehículos, además de inversiones en criptomonedas. Un rol central tuvo la firma Axon S.A.S., que operaba como una financiera encubierta para facilitar el movimiento del dinero y conectar las distintas cuentas utilizadas por los imputados.
También fueron señalados profesionales que diseñaron la estructura legal del entramado, entre ellos un contador y una abogada que intervinieron en la creación de al menos diecinueve sociedades sospechosas. Ambos, según los investigadores, estaban obligados a reportar operaciones inusuales conforme al Artículo 20 de la Ley 25.246, pero no lo hicieron.
Las sociedades creadas por el grupo operaban como “pantallas” para ocultar el verdadero origen y destino de los fondos. En conjunto, el capital inicial declarado supera los u$s400.000, pese a que sus accionistas no contaban con respaldo patrimonial. Se detectaron inconsistencias tributarias, uso reiterado de los mismos domicilios fiscales y una alta concentración geográfica. Además, las empresas compartían directivos y asesores, y presentaban saldos fiscales a favor con escasa actividad económica real.
Los objetos sociales eran tan variados como inverosímiles: desde seguridad privada y venta de carne hasta desarrollo de software, construcción y juegos de azar. Todo formaba parte de una ingeniería para dar apariencia de legalidad a los fondos.
Durante los allanamientos, 19 personas fueron detenidas, aunque todavía hay varios prófugos. Las fuerzas secuestraron más de 40 computadoras, dispositivos electrónicos, celulares y documentación clave para el rastreo de activos. También se incautaron tres armas de fuego y 12 kilos de marihuana fraccionada para la venta.
Los detenidos serán indagados este miércoles por la Secretaría 8, a cargo de Ignacio Calvi, bajo las figuras de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambos delitos cometidos de manera organizada.
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