Menem proyecta crear una policía juvenil

Carlos Menem terminó de diseñar el plan de seguridad que pondrá en marcha durante su gestión en caso de asumir por tercera vez la presidencia. El programa contempla dos aspectos esenciales: uno legal y otro operativo. El primero tiene que ver con la sanción de leyes que declaran la emergencia en seguridad, que baja a 14 años la imputabilidad de menores y una tercera que pone límites a la libertad condicional de los reincidentes.

Del lado operativo comprende el incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y la creación de una unidad de Comando y otra de Inteligencia con la idea de recrear un «mapa del delito» que permita monitorear las zonas de alto grado de criminalidad y de victimización.

El proyecto de seguridad que es dirigido por la doctora Paola Spátola, también incluye la original gestación de una policía juvenil (análoga a los Cascos Blancos) conformada por voluntarios de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), iglesias, cultos y universidades. Una experiencia similar se concretó con éxito en Inglaterra, España y Estados Unidos. En este último país fue impulsada y puesta en práctica por el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani en los subterráneos con las pandillas de los graffitis.

• Ejes

«El Estado debe volver a estar presente en todo y recuperar la calle con una política de seguridad profunda que reduzca efectivamente los niveles de inseguridad que existen hoy», le dijo ayer Spátola a Ambito Financiero.

Según detalló, el plan del candidato por el Frente por la Lealtad contempla medidas de corto, mediano y largo alcance y el reequipamiento de las fuerzas de seguridad en lo que hace a readecuar la flota de automotores, armamentos y chalecos antibalas. Lo que sigue son algunos de los ejes por donde pasará el programa para combatir el delito:

• Habrá una regionalización de las fuerzas de seguridad con participación de fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Servicio Penitenciario), a las que se les sumarán las fuerzas provinciales, municipales y la comunidad a través de la creación de la Policía Comunitaria.

«Para ello promovemos la firma de un Pacto Federal de Justicia y Seguridad, donde todos los gobernadores asuman el compromiso de librar una lucha contra el delito dado el estado de emergencia en que se encuentra el país», explicó Spátola.

• Mayor cantidad de efectivos en la calle: se desplazará a la Policía de las tareas administrativas y se la reemplazará por empleados del Estado. La idea es que los efectivos policiales se ocupen de la seguridad ciudadana.

• Fuerte innovación tecnológica y la creación de un mapa del delito con especial énfasis en zonas como Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, Capital Federal y Triple Frontera. El proyecto contempla, además, el desplazamiento de las fuerzas de seguridad a nuevas zonas que puedan resultar conflictivas.

• Utilizar estructuras edilicias del Estado en desuso, como fábricas o edificios militares para alojar a los presos que hoy están en las comisarías. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 8.500 presos en estas condiciones que deben ser custodiados por las fuerzas policiales durante las 24 horas. Existe un inventario donde figuran alrededor de 100 instalaciones que pueden ser adaptadas en forma rápida y con una inversión mínima.

• Unificación de los servicios de emergencia por medio de la creación del 911.

• Sanción de leyes que castiguen la tenencia ilegal de armas. Hay 2,6 millones registradas, pero se calcula que un número similar circula en el mercado negro.

• Para los menores se propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad y gestar escuelas correccionales en reemplazo de los institutos de menores. En las mismas trabajará personal del Servicio Penitenciario, pero estarán en manos de ONG como pueden ser las iglesias.

• En esta misma línea se proyecta dar origen a escuelas que funcionen de 8 a 24 con actividades programáticas, tutorías familiares y control de ausentismo que tengan como finalidad sacar a los chicos de las calles. Aquí se recurrirá al voluntariado para ponerlo en práctica.

«Lo que vamos a hacer es poner en práctica una verdadera política de seguridad que hasta el momento no existe con un compromiso de la comunidad que hoy está obligada a vivir encerrada», sostuvo Spátola.