Mesa Judicial M: fiscal cierra el círculo del espionaje y pide datos de celulares encriptados

Política

Piden informes a AFIP, ANSES, Policía Federal, Seguridad, AFI y la Corte bonaerense sobre el uso irregular de sus bases de datos. 

La Justicia pidió establecer las razones por las cuales el gobierno de Mauricio Macri indagó en bases de datos acerca de información personal de funcionarios judiciales como paso previo a imputar a los miembros de la denominada “mesa judicial” que actuó en aquella gestión. Entre las nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Franco Picardi, que instruye una de las causas que investigan ese accionar, se destaca precisar el reparto de celulares encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a integrantes de ese espacio sospechado de haber maniobrado para direccionar expedientes a favor de la gestión de Cambiemos.

La batería de planteos de Picardi, a la que tuvo acceso este diario, arranca con oficios a la AFIP, la Anses, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, la AFI y la Suprema Corte bonaerense para determinar “las razones y/o justificaciones de las búsquedas promovidas en las plataformas Nosis, Sudamérica Data y de la Dirección Nacional de Migraciones” respecto de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó; la camarista de Casación Ana María Figueroa; los jueces laborales de segunda instancia Mirta González Burbridge y Néstor Rodríguez Brunengo, y sus pares federal Eduardo Farah y del fuero Civil Marcela Pérez Pardo. También acerca de Damiana Lucía Alonso, hija de Gils Carbó, y Mariel Victoria Acosta exesposa de Farah.

El mes pasado el fiscal había requerido a esos mismos organismos para que confirmaran si agentes que dependían de sus estructuras habían recabado informes en bases de datos. El siguiente paso fue pedir precisiones acerca de los motivos para hacerlo. La sospecha de Picardi está centrada en la posibilidad de que aquella información fuese reunida a pedido de la “mesa judicial” para ser utilizada como insumo, parte de una eventual campaña de hostigamiento contra funcionarios judiciales que no se allanaban a los pedidos del macrismo. La operatoria, descripta por varias de las víctimas, incluía denuncias periodísticas en medios masivos de comunicación afines a Cambiemos y pedidos de juicios políticos contra esos funcionarios.

Además, el encargado de la instrucción de la causa por delegación de la jueza María Eugenia Capuchetti pidió “copias de los legajos personales de los agentes que figuran como responsables de cada consulta, en qué áreas cumplieron funciones, en qué marco u organigrama de responsables jerárquicos y las referencias de quién impartió la directiva de búsqueda”. La multiplicidad de pedidos de informes desde varias áreas sobre los mismos funcionarios judiciales y sus familiares parece descartar la posibilidad de que se tratara de un accionar aislado por decisión propia de uno o más agentes sin responsabilidad jerárquica.

Otro capítulo clave de las medidas de prueba ordenadas por Picardi pasa por los celulares encriptados que la AFI repartió entre miembros de la “mesa judicial”, según se constató en el expediente. Entre los beneficiarios de esa distribución figuran dirigentes de primera línea como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Nicolás Caputo, empresario y amigo íntimo de Macri, y otros que en algún tramo de la causa fueron mencionados como eventuales integrantes de la “mesa” como Gustavo Arribas, Jorge Triaca y hasta Alejandro Pérez Chada, abogado del expresidente.

El fiscal le pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, establecer con grado de detalle a quiénes se favoreció con esos teléfonos de alta seguridad y tecnología, con qué números de línea y de IMEI (código único de fábrica), cuáles fueron los criterios de asignación y cualquier otro dato de interés para el expediente.

Picardi también recogió el guante de una de las denuncias de Gils Carbó en la causa: la exprocuradora había dicho que el macrismo asfixiaba financieramente el organismo bajo su mando con el supuesto propósito de empujarla a presentar su renuncia. En ese sentido el fiscal le solicitó a la Jefatura de Gabinete informar “el detalle de todas las transferencias de crédito que se le hayan efectuado a la Procuración General de la Nación -con detalle de día y horario-, conforme las asignaciones presupuestarias fijadas, durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019”. La idea serás comparar esas asignaciones de recursos con las de las gestiones previas y posterior para establecer si hubo demoras o reducciones de fondos injustificadas.

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