21 de octubre 2021 - 00:00

Mesa Judicial: suman a la causa presión macrista a Ramos Padilla y Freiler

El fiscal Picardi amplió el objeto de investigación en el expediente que tiene al expresidente como jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar sumarios sensibles.

Mauricio Macri y Alejo Ramos Padilla

Mauricio Macri y Alejo Ramos Padilla

Gentileza: La Insuperable

La causa que investiga la denominada “mesa judicial” de Mauricio Macri, señalada por su actuación durante la gestión de Cambiemos para forzar el direccionamiento de causas sensibles para aquella administración, incorporó las supuestas presiones contra los jueces Alejo Ramos Padilla y Eduardo Freiler a las maniobras bajo análisis. El fiscal Franco Picardi sumó los dos casos una vez que quedó confirmado que el expediente continuará bajo su instrucción por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de haberse resuelto una disputa de competencia con otro juzgado. La investigación gira en torno de un aparente plan orquestado entre políticos del gobierno anterior, medios de comunicación y periodistas afines y funcionarios judiciales para neutralizar y eventualmente desplazar a magistrados no alineados.

Picardi intenta establecer si Ramos Padilla y Freiler, este último destituido a raíz de un juicio político impulsado por el gobierno anterior ante el Consejo de la Magistratura, fueron hostigados con la misma mecánica que se investiga respecto de otros funcionarios judiciales como la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la camarista de Casación Ana María Figueroa y otros jueces de alzada de la Justicia federal y los fueros laboral y civil, así como magistrados de primera instancia. En la causa están imputados Macri, como responsable máximo de la supuesta asociación ilícita pesquisada, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, varios de los socios políticos de Cambiemos y buena parte del elenco de ministros y funcionarios de primera línea de aquella administración.

Además de la ampliación del expediente, iniciado a raíz de una denuncia de diputados del Frente de Todos en base a una entrevista radial que concedió la camarista Figueroa en mayo del año pasado, el fiscal requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones y a las compañías Nosis, Veraz y Sudamérica Data sobre “todas aquellas búsquedas nominativas” relacionadas con Ramos Padilla y Freiler. También le pidió a la Dajudeco, el órgano dependiente de la Corte Suprema para la investigación de delitos complejos, una compilación de todas las referencias de Macri y el resto de la “mesa judicial” respecto de ambos magistrados, algo que ya había pedido meses atrás sobre otros funcionarios judiciales sindicados como víctimas.

Sobre Ramos Padilla, exjuez federal de Dolores y actual magistrado de La Plata con competencia electoral, el fiscal Picardi se remite a los dichos del funcionario al presentarse a declarar en la causa que terminó por anexarse a la de Capuchetti y a la denuncia del senador Oscar Parrilli sobre supuestas presiones en su contra, siempre relacionadas con su labor al frente del sumario contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El propio juez platense sitúa el inicio de las maniobras para acorralarlo en el allanamiento que ordenó en la vivienda de D’Alessio el 6 de febrero de 2019: “se articuló la actividad de los servicios de inteligencia con maniobras de forum shoppings, denuncias penales, filtraciones de escuchas ilegales, juicios políticos, impugnaciones en mis concursos públicos, iniciación de causas «espejo», duplicadas o «mellizas» y hostigamiento mediático con distintas intensidades”. De paso recordó que en aquel operativo “se secuestró material de inteligencia que daba cuenta de casi un centenar de operaciones ilegales ocurridas entre los años 2016 y 2019 y que involucraron a funcionarios públicos y a miembros de los servicios de inteligencia, de la prensa, del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, entre otros estamentos”. En la causa contra D’Alessio son investigados el empleado de Clarín Daniel Santoro, el fiscal Carlos Stornelli, Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Paula Oliveto.

Parrilli, por su parte, destaca que ante la gravedad del expediente a su cargo Ramos Padilla acudió a dar explicaciones ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso. Y que aquella comparecencia derivó en que Macri le ordenase a su entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura. La orden terminó por cumplirla Juan Bautista Mahíques, entonces representante por el Ejecutivo ante ese foro y uno de los primeros denunciados en la causa de la “mesa judicial”. Mahíques fue señalado por Figueroa como el funcionario que la visitó para exigirle que acelerara su dictamen en la causa por el Memorándum con Irán.

En cuanto a Freiler, el fiscal recuerda que el propio camarista indicó que ya hacia marzo de 2016 Garavano había avisado en reuniones privadas que sería destituido al igual que sus colegas Daniel Rafecas y Carlos Rozanski. Y que desde entonces vio encadenarse una saga de presiones que incluyó informes en su contra en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, y notas en el diario Clarín o en el portal LaPoliticaOnline, denuncias del acusador serial Ricardo Monner Sans (a quien Freiler identifica como “operador de los servicios de inteligencia”) y del colegio de abogados porteño (habitué defensor de dictadores) y causas en su contra por sospechas que otros expedientes previos, destacó, ya habían ventilado.

El excamarista señala que su destitución “fue un escándalo público y comandado desde el Estado nacional” y remarca que “el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en una conferencia de prensa junto al (entonces) presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, festejó su destitución manifestando que dicha medida traería buenas inversiones a la Argentina, felicitando a los consejeros y argumentando que, de esta forma, el país sería más previsible, más creíble y se podría salir así, de la pobreza estructural”.

Junto a Macri integran el pelotón de imputados Peña; los exministros Garavano, Patricia Bullrich, Jorge Triaca y Juan José Aranguren, y otros exfuncionarios mencionados como integrantes conspicuos de la “mesa judicial” como José María Torello, Esteban Conte Grand, Pablo Clusellas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías, Pablo Tonelli y el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, así como Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, el dirigente radical Ernesto Sanz, el exsenador Federico Pinedo, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y al abogado Guillermo Lipera. Entre las víctimas, en tanto, se encuentran Gils Carbó, Figueroa, los camaristas Eduardo Farah, Marcela Pérez Pardo, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Diana Cañal, Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, y las juezas Martina Forns, Mirta González Burbridge y Eva Temis (fallecida en 2017), a quienes ahora se suman Ramos Padilla y Freiler.

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