Modifican cláusula contra banqueros sin voto radical

El Senado discutía esta madrugada la sanción a la modificación de la ley de «subversión económica». El peronismo luchó para asegurarse la mayoría necesaria, ya que había disidencias internas y el radicalismo no convalidaba el proyecto oficial. La reforma sancionada podría convertirse hoy en ley en Diputados. Esta define con más precisión la figura de vaciamiento empresario, aumenta las penas (de 3 a 9 años) y las multas. Torna más difícil la discrecionalidad de los jueces para perseguir a banqueros y empresarios, ya que exige que haya «dolo» (propósito deliberado de delinquir) y no «culpa», como hasta ahora. Ya de madrugada, los senadores tenían previsto ratificar el decreto que eliminó el CER. Diputados no fue ayer tan efectivo: postergó para hoy a las 10 la sesión donde se sancionará la modificación a la Ley de Quiebras y se podrían convertir en ley los cambios en «subversión económica». De esta manera se avanza seriamente en el cumplimiento del "Documento de los 14 puntos" firmado con gobernadores y con lo que pide el Fondo Monetario. Pero hubo espacio ayer en el Congreso para el populismo: como si la inflación fuera culpa de especuladores y no de la suba del dólar, se aumentaron penas para cuando se manipule un alza de precios de forma fraudulenta en comestibles, combustibles y medicamentos.

El Senado discutía anoche la media sanción a las modificaciones de la polémica ley de «subversión económica», que deberán ser aprobadas en Diputados. Sin holgura, el peronismo logró habilitar el tratamiento sobre tablas con la ayuda de unos pocos radicales -entre ellos Carlos Maestro y Mario Losada-y los provinciales Ricardo Gómez Diez (Renovador de Salta) y Pablo Walter (bussista tucumano), que presentaron un proyecto propio.

Cerca de la medianoche, con los votos justos, el PJ buscaba que la UCR retirara senadores y reducir el número de presentes, al mismo tiempo que intentaba sumar partidos provinciales para imponer la reforma.

La nueva norma queda limitada a un solo artículo que refuerza la figura de vaciamiento, con prisión de 3 a 9 años. Además, pide que la maniobra delictiva que cause un grave perjuicio a la economía nacional sea cometida «fraudulentamente» (se suprime la malicia), señala el texto. Es decir que ahora será un ilícito más preciso que limitará a los jueces proclives a utilizar esta figura para perseguir a banqueros y empresarios, un elemento regresivo para el funcionamiento de la economía.

Asimismo, se aprobó una ampliación del artículo 300 del Código Penal, referido al agio y la especulación. Se agrava el castigo cuando el alza de precios -por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o coalición de los principales tenedores de una mercadería o genero-esté relacionada con alimentos, medicamentos o combustibles. En estos casos, corresponderá de 2 a 6 años (ahora no existe distinción entre mercaderías y la pena va de 6 meses a 2 años).

El radicalismo estuvo a punto de poner en peligro la sesión. Primero, se plantearon diferencias jurídicas con la disposición del jefe del bloque, Maestro, a acompañar al PJ. La mayoría compartía con la disidencia peronista - Jorge Yoma, Jorge Busti, Liliana Negre de Alonso, Marcelo Guinle y Cristina Fernández de Kirchner-cierta inquietud porque los cambios a la Ley 20.840 derivaran en una virtual amnistía a procesados.

•Procesamiento

Ayer, pasado el mediodía, la rebelión tomó cuerpo a poco de conocerse el procesamiento del vicegobernador de Catamarca, dirigente del Frente Cívico y aliado de la UCR, a raíz de una denuncia por jubilaciones «truchas». Hasta Raúl Alfonsín -factótum de la alianza radical-duhaldista-puso en duda qué actitud adoptar, cuando comenzaron las pullas a puertas cerradas contra Luis Barrionuevo, principal interesado en que esa causa prospere en los tribunales de su provincia. Es candidato a gobernador por el PJ en esa provincia.

En el recinto, los radicales no pudieron ocultar la crisis de entrecasa que amenaza la entente con Eduardo Duhalde. Maestro manifestó la oposición a las modificaciones propuestas por el oficialismo a la «subversión económica», aunque recordó que el Ejecutivo había pedido el tratamiento sobre tablas «en medio de estas circunstancias tan difíciles».

A continuación, el pampeano Juan Carlos Passo -que renunció hace un par de semanas a la vicepresidencia de la cámarapuso al descubierto las querellas entre correligionarios. Casi desautorizando a Maestro, sostuvo que «no se puede reconstituir el sistema financiero sobre leyes que beneficien a los mafiosos». La afirmación desató un murmullo en la bancada justicialista. «Cada vez que nos piden una ley, nos alejan de nuestro pueblo», insistió en la misma línea, como si lo escucharan los caceroleros que montaban guardia en la esquina del Congreso. Ya en tono decididamente nostálgico, reflexionó: «Sólo tenemos 2 opciones para reinsertarnos en el mundo: como nación o como colonia».

•Perfil bajo

A Passo lo acompañaron con perfil más bajo los jujeños Gerardo Morales y Mónica Arancio de Beller, que pidieron dejar constancia de la abstención. Por supuesto, los catamarqueños del Frente Cívico, Marita Colombo y Brizuela del Moral, se opusieron al tratamiento sobre tablas, posición a la que se acoplaron la neuquina Luz Sapag (MPN), la señora de Kirchner, el liberal correntino Lázaro Chiappe y la frepasista Vilma Ibarra.

• Inseguridad

El peronista rionegrino Miguel Angel Pichetto, que estaba inicialmente por la derogación, ofició de miembro informante. «No estamos acá porque a los representantes del Fondo se les ocurrió: efectivamente, esta ley genera inseguridad jurídica y esto no es nuevo», sentenció el delegado de la Patagonia, que no se privó de admitir que podía «coincidir con el cuestionamiento de la oportunidad». «Esta norma no es para liberar procesados; en todo caso, será responsabilidad de los jueces y fiscales recalificar conductas, en términos del Código Penal», concluyó Pichetto. En su extensa alocución, reivindicó la posición de Eduardo Menem. «Por encima de las circunstancias históricas, mantuvo la coherencia, en el '97 como en el '84, cuando se trató la anulación de la 20.840", subrayó el rionegrino, aludiendo indirectamente a sus colegas Cristina de Kirchner y Jorge Yoma, que ayer se mostraron críticos y, en el pasado, acompañaron con firmas y votos la derogación.

Su compañero Busti recordó que acompañó siempre a Duhalde, incluso en la derrota, si bien lanzó objeciones. «Fue bueno que 14 gobernadores firmaran un documento, pero no hay clamor por esta ley en las provincias y tampoco voy a levantar la mano por lo que diga Anne Krueger», pataleó el entrerriano. «Menos me va a presionar Elisa Carrió, que ayer (por el martes) me envió una carta de amenaza -igual que a otros senadores- para advertirnos que, si derogamos 'subversión económica', nos va a denunciar en Tribunales por el artículo 277 (encubrimiento) del Código Penal», concluyó el senador por Entre Ríos.