Niegan pago por militar asesinado

La política sobre derechos humanos del gobierno dio recientemente otro paso que alimenta y reaviva la puja entre sectores enfrentados en la década del 70. En la Ciudad de Buenos Aires se presenció, la semana pasada, un reflejo de esa situación, cuando casi a la misma hora se realizó, por un lado, un homenaje al capitán del Ejército Juan Carlos Leonetti - quien dirigió en 1976 el operativo para atrapar al líder del ERP Mario Santucho- y, por otro, se conmemoraron los 30 años de la muerte del guerrillero.

En ese enfrentamiento, además de Santucho, resultó muerto su segundo en el ERP, Benito Jorge Urteaga, por eso sus familiares reclamaron una indemnización al Estado, que la concedió en el año 2000 por un monto equivalente a u$s 220.000.

Los familiares de Leonetti realizaron el mismo reclamo, pero el secretario de Derechos-Humanos, Eduardo Luis Duhalde-, les negó el beneficio.

La situación de Leonetti, en la concepción del gobierno, es distinta a la de otros militares reivindicados como víctimas del terrorismo por organizaciones que integran personal en actividad y retirado de las Fuerzas Armadas.

Caso curioso

A diferencia de otros actos, en el que se realizó en homenaje a ese capitán participó un uniformado, pero enviado por el propio Ejército, que acababa de castigar a otros por vestir las ropas de la fuerza en actos similares. Funcionarios del gobierno, como la propia Nilda Garré, en aquellos años, que ahora se recuerdan con miradas contrapuestas, integraron el peronismo combativo, que no comulgaba, claro, con los guerrilleros del ERP.

Se está ante un caso curioso, ya que resulta al menos raro que otro funcionario, como Duhalde, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, niegue una indemnización a los familiares de quienes descabezaron la cúpula de llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyos métodos, prácticas y personajes viene de alguna manera reivindicando el gobierno sin demasiada diferenciación entre los sellos que se adjudicaron atentados por aquellos años.

O será porque el mismo Duhalde pasó por esa organización, en la década del 70 y ejerciendo ahora un cargo público que lo habilita para el veto, dispone de quiénes reciben, de acuerdo con el arco ideológico con el que tenga afinidad, un reparo económico por la pérdida de sus familiares. Al menos, es lo que éstos piensan.