No habilitan la feria judicial por la denuncia penal contra Cristina y sus ministros

El juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi rechazó habilitar la "feria" judicial para tramitar una denuncia que el diputado nacional Fernando "Pino" Solanas le entabló a la presidente Cristina Kirchner y a miembros del Gobierno nacional, por presunto "abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos".

Se trata de una disputa judicial por el dictado del decreto 2010 que dispuso el uso de reservas del Banco Central para pagar parte de la deuda externa.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado no hizo lugar al pedido de Solanas y otros legisladores, de habilitar la "feria" para dar curso a la denuncia contra la Presidente.

De esta manera, Martínez de Giorgi pospuso para febrero el tratamiento de la denuncia, y por ello citó para el 9 de ese mes a Solanas para ratificarla.

Según las fuentes, el magistrado no habilitó la feria al considerar que no existe "urgencia" para el tratamiento de la denuncia, ya que ello no generaría efectos sobre la legitimidad o no del decreto de necesidad y urgencia 2010 para crear el Fondo del Bicentenario y pagar parte de la deuda externa.

Además, Martínez de Giorgi tuvo en cuenta que él ya tiene a su cargo, en el juzgado federal Nº 2, una investigación por presunta ilegitimidad de la deuda externa, y en la cual también interviene el fiscal Gerardo Pollicita.

En tanto, hoy a las 16:00, Solanas y Claudio Lozano, entre otros diputados de Proyecto Sur, convocaron a una conferencia de prensa en el Congreso para hablar sobre la legitimidad de la deuda externa

En la denuncia que Solanas y los diputados Jorge Cardelli, Cecilia Merchán y Lilina Parada, y los legisladores porteños Julio Raffo y Jorge Selser, hicieron la semana pasada, cuestionaron que el decreto presidencial "no respeta el orden jurídico constitucional al negociar y pagar una deuda sospechada de ser fraude contra el Estado".

Además de Cristina Kirchner, también fueron denunciados el ministro de Economía, Amado Boudou, y "los responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09", entre ellos "funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación", según dijeron.

En el fuero federal, también existe otra denuncia contra la Presidenta, la cual recayó en el juzgado federal Nº 7 subrogado por Norberto Oyarbide, quien adoptó un criterio distinto a su colega y sí adoptó la feria judicial para tramitar la denuncia.