La Justicia ordenó la publicación de las declaraciones juradas de los diputados, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una organización no gubernamental (ONG).
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Fuentes judiciales confirmaron que el juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón hizo lugar al recurso presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que reclamaba el acceso a las declaraciones juradas de los legisladores.
La acción de amparo había sido presentada a fines de 2003 y transitó por once juzgados diferentes que se excusaron de intervenir por razones de "delicadeza y decoro", hasta que finalmente quedó a cargo de Silva Garretón.
En el planteo se recordó que la Constitución Nacional obliga al Congreso a sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Esa norma, la 25.188 obliga a todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años, y también a presentar una declaración pasados los 30 días después de que se alejó de la función pública.
Al opinar sobre el planteo de la asociación, la Cámara de Diputados sostuvo que no tenía derecho a demandar esa información y alegó que no pudo acreditar un perjuicio personalizado y concreto por no acceder a esos datos.
Al respecto, el juez Silva Garretón aclaró que de la ley se deriva que "la regla es el acceso y la excepción la restricción", y enfatizó que la norma establece que "toda persona" puede consultar y obtener copia de las declaraciones juradas.
En su resolución el magistrado explicó que quien se presentó para pedir el amparo en representación de la asociación dijo que necesitaba las declaraciones juradas para "obtener informaciones decisivas para ejercer responsablemente los derechos políticos".
Para el juez, la voluntad del legislador al sancionar la norma fue establecer "un mecanismo específico por el cual cualquier persona se encuentre habilitada para acceder al conocimiento del contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos a los fines de ejercer un control que garantice una mayor transparencia de las instituciones y de la actuación de aquellos de cuya decisión depende la vida, el honor y la fortuna de los argentinos".
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