Alberto no cederá el control de las obras sociales, pero les ahorrará $11.000 millones al año

Política

Alberto Fernández se reservó el control de las obras sociales a través de un funcionario de su confianza que quedará al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en reemplazo del fallecido Eugenio Zanarini. A cambio, y como señal de fortalecimiento de la alianza con la CGT, el mandatario prometió ayer que el Estado asumirá el costo de la educación y el transporte de los pacientes discapacitados de las prestadoras gremiales de salud. Fue una de las principales conclusiones del almuerzo que el jefe de Estado junto a parte de su Gabinete compartió con la “mesa chica” de conducción de la central obrera.

La charla de ayer arrancó con la confirmación por parte del mandatario de que el médico cirujano Daniel López, de 59 años, reemplazará a Zanarini. Se trata de un protegido y exsocio en algunos emprendimientos privados de Ginés González García que hasta ahora se desempeñaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su nombre había sido adelantado en exclusiva por este diario como candidato principal a quedar al frente del organismo que regula el vínculo entre cada gobierno y los sindicatos tradicionales por el manejo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

El nombramiento de López relegó a David Aruachan, gerente general de la SSS y único candidato de la CGT para el cargo incluso desde antes de que Zanarini fuese el primer superintendente de Alberto Fernández. El Presidente confirmó que más allá de la cercanía con el exministro de Salud González García -eyectado de su cargo luego de que se supiera que había reservado vacunas contra el coronavirus para amigos- el nuevo funcionario goza de su confianza. El ascenso de Aruachan, a quien de todos modos Alberto ponderó, hubiese implicado delegar el control de obras sociales y prepagas, junto a los recursos, a la central obrera.

La noticia no fue celebrada por la CGT pero resultó una solución salomónica frente a la amenaza mayor que les hubiese resultado encumbrar en la SSS a Liliana Korenfeld, una “pinguina” pura, o bien Homero Giles, actual titular del IOMA y alineado con La Cámpora. Además la central obrera se llevó un compromiso clave del mandatario: dijo que firmará una resolución para absorber, a cargo del Estado, el costo de los servicios de traslado y educación de los discapacitados que se atienden en las obras sociales sindicales, que por ambos rubros insumen 11 mil millones de pesos al año. Se trata de uno de los principales gastos que se desembolsan vía el FSR de los 90 mil millones de pesos que distribuye cada año.

Esos valores ilustran en parte la importancia de los recursos en juego a partir del manejo de la Superintendencia de Salud y del FSR que administra. El organismo tiene a su cargo, entre otras incumbencias, el reintegro de los valores pagados por las obras sociales sindicales por los tratamientos más complejos y los remedios más costosos. Son los denominados rubros “de alto costo” o que atienden las “enfermedades catastróficas” que por sí solas podrían generar el quebranto de una prestadora. El FSR, a su vez, se nutre de una parte de la recaudación fiscal entre las propias obras sociales sindicales y a partir de ese germen es que la CGT históricamente reclama poner en la administración de ese instrumento a personas de su riñón.

Zanarini, que se mantuvo al frente de la SSS a pesar de la salida de González García de Salud en medio de un escándalo político, fue hallado muerto este martes en su domicilio y la hipótesis principal refiere a una posible crisis cardíaca derivada de una afección que arrastraba. Su fallecimiento causó conmoción en el rubro sanitario del Gobierno y sobre todo en la CGT, que tiene en la Superintendencia la principal ventanilla en la que pulsea con cada administración.

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