Ocaña paralizó al PAMI por temor al "efecto Meijide"

Graciela Ocaña estuvo a punto de renunciar, la semana pasada, como directora del PAMI. Acosada por la presión de distintos sectores -desde la Presidencia de la Nación hasta los sindicatos que controlan la vida diaria del Instituto-, siente que no pisa suelo firme y que cualquier resolución equivocada puede terminar en un escándalo. Claro, nunca su firma había comprometido, como ahora, millones de pesos. Médicos, expertos en salud mental, gente habituada al trato con el dolor humano, muchos operadores del PAMI percibieron temprano estas tribulaciones y sacan partido de ellas. Basta mirar a los sindicalistas de ATE y UPCN, que ayer le tomaron la sede central a «la Hormiguita», como si se tratara de Víctor Alderete y no de alguien que viene a eliminar el viejo orden.

Ocaña cree custodiar bien sus propios intereses. Abanderada en contra de la corrupción, supone que lo peor que podría suceder en su vida pública es que la pesquen firmando una resolución envenenada, en la que se derivan millones de dólares a alguna caja que ella desconoce. En otras palabras, sabe que la política nacional está llena de «hormiguitas», gente que revuelve papeles buscando la perla que la catapulte al estrellato de la anticorrupción.

Las primeras víctimas de este celo de Ocaña por su propia imagen son los jubilados, sobre todo los que manifiestan alguna propensión a engriparse. Hace ya varios días se llamó a una licitación para la adquisición de vacunas, jeringas y agujas: un clásico del otoño, cuando se inician las grandes campañas de prevención con los ancianos. La interventora comenzó a escuchar opiniones inquietantes, que le hicieron temblar la lapicera: desde los laboratorios le dijeron que el concurso estaba armado para una firma con nombre y apellido; desde la burocracia interna del PAMI la asustaron diciendo que ese tipo de compulsas las domina en las sombras el ministro de Salud, Ginés González García, conocido en el mercado como «doctor ahorro». Envuelta en fantasmas, Ocaña optó, «razonablemente», por no firmar nada. No vaya a ser que terminara como Graciela Fernández Meijide, que se autosepultó debajo de una contratación cuestionable de su cuñado.

Desde el Ministerio de Salud también llegan espectros. «Doctor ahorro» está empeñado en establecer un sistema de intermediación para las contrataciones de los prestadores. En vez de las gerenciadoras tradicionales, él pretende que la comisión administrativa que se cobra por esa tarea quede en manos de las confederaciones de clínicas. Hizo un primer intento organizando una reunión en su cartera, en la que participó su amigo Norberto Larrocca, titular de Confeclisa. Pero «Hormiguita» desconfió. Después, González García amagó con ubicar a la contadora María Inés Insaurralde (ex presidenta de la Obra Social de la provincia de Santa Fe) como gerente de prestaciones. Tampoco tuvo suerte y esta sanitarista debió conformarse con ser asesora de la diputada-interventora. Bastó con eso para que Insaurralde alcanzara su objetivo: el martes pasado al mediodía, a instancias de esta colaboradora (de «doctor ahorro»), Ocaña se volvió a encontrar con representantes de tres asociaciones de sanatorios: Confeclisa (el platense Mammoni), Fecliba (Bazano) y Acliba (Cherro). Esta vez la tertulia se hizo en su despacho de PAMI, no en el ministerio. Lo que están mirando estas ligas de hospitales privados es un negocio de 280 millones de pesos por año (lo que paga PAMI a los prestadores por sus afiliados de la provincia de Buenos Aires) de los que, «razonablemente», los intermediarios se podrían quedar con 5% (14 millones de pesos por año). A González García en PAMI ya no lo llaman «doctor ahorro» sino «el Oso Hormiguero»: una broma de mal gusto para quien se quiere «comer» a «la Hormiguita».

• Disidente

Sería un plan interesante, el de esas federaciones si no fuera por una valla difícil de superar: José Granero, el segundo de Ocaña, no participó de ninguna de las reuniones y quienes lo conocen suponen que es porque no coincide con el sistema de intermediación que le ofrecen a Ocaña. Granero es el hombre de Néstor Kirchner en la obra social de los jubilados: santacruceño, revista en la primera línea de la dirigencia provincial, después de haber sido vicegobernador y gobernador a cargo del distrito. Este ex militante del MID, es el depositario de una estrategia que el Presidente desarrolló de manera implacable en el Sur: el apartamiento de todas las corporaciones de prestadores en la intermediación médica. Granero cree, a diferencia de González García y en sintonía con Kirchner, que las clínicas y sanatorios deberían ser contratados directamente o en forma de uniones de empresas que eviten la intermediación por «administración de las cápitas». Ocaña lo sospecha y por eso no decide, para ansiedad de González García.

Tanta inacción comenzó a espantar a algunos aliados. El frepasista José Vitar, por ejemplo, decidió no sumarse a la gestión como gerente de regionalización por temor a quedar ligado a un fracaso (conocedor de la performance de la Alianza en el organismo, no quiere repetir malas experiencias). Desde la Casa Rosada también existe inquietud por la falta de velocidad de la interventora para decidir: la tuvieron que presionar al máximo para que designara, de una vez por todas, a los gerentes de Finanzas (Rubén Torres) y Legales (Carlos Nagata), recomendados -según se dice- por un colaborador de Rafael Romá (secretario de Desarrollo Social porteño) que gravita mucho sobre Ocaña.

No todo el mundo tiene el reloj de la interventora. Ni una imagen inmarcesible que poner a resguardo. En el Congreso, por ejemplo, ya no quieren seguir esperando el proyecto de ley que normalice definitivamente el Instituto y decidieron elaborar uno propio. Lleva la firma de la senadora Mercedes Oviedo, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara alta. Hay, claro, gente menos ansiosa que sí tolera el tranco cansino y cauteloso de la «Hormiguita»: los que esperan las cartillas de odontólogos, médicos de cabecera y psiquiatras que había prometido contratar Juan González Gaviola antes de irse, o mejoras en el servicio de ambulancias o reducciones de costos en los hospitales que el PAMI administra en Rosario. Son jubilados que, por edad y costumbre, carecen de la ansiedad de la senadora Oviedo, cuya ley tal vez termine votando la propia Ocaña si regresa a esa banca a la que no se atrevió a renunciar.