Oficializan la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches

El Gobierno oficializó el nombramiento a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El nuevo funcionario reemplaza a Alejandro Vilches, que renunció la semana pasada en medio de la polémica por los recortes al área previstos en el Presupuesto 2027.

El Gobierno formalizó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, mediante el Decreto 1095/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Con la misma norma, el Ejecutivo aceptó de manera formal la renuncia de Alejandro Alberto Vilches, quien había dejado el cargo el 21 de septiembre, en plena discusión por los fondos asignados al sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

Vilches había llegado a la conducción del organismo después de que el Gobierno desplazara a Diego Spagnuolo, a raíz de la difusión de audios en los que se habrían expuesto presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos y servicios. Su desembarco también había coincidido con las protestas de familias de personas con discapacidad contra los recortes presupuestarios en el área.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Salud, Di Liscia centrará su gestión en mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, fortalecer los controles internos y hacer un uso eficiente de los recursos. Además, dará continuidad a la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el fin de detectar irregularidades y eventuales fraudes.

El nuevo secretario encabezó entre 2017 y 2019 el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que por entonces superaba los 2,2 millones de afiliados. Previamente, desarrolló una larga carrera en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue subsecretario de Higiene Urbana entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, director general de Control de Gestión entre 2011 y 2015, y director general de Reforma Administrativa entre 2010 y 2011.

En su perfil profesional, Di Liscia se presenta como un ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional y desarrollo comercial. También realizó tareas de consultoría para directorios de empresas y participa en una pyme familiar del rubro alimenticio.

La renuncia de Vilches se produjo en el marco del debate interno que desató el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso. Las proyecciones para el año próximo incluyeron nuevos ajustes en el área, que recibieron críticas de la oposición y también de sectores del propio oficialismo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lideró los cuestionamientos dentro del espacio oficialista, y el Gobierno reconoció que podría revisar las partidas destinadas a discapacidad.

En ese escenario, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, alertó sobre el impacto de los cambios incluidos en la iniciativa. "Es letal la desregulación del nomenclador", advirtió en una entrevista radial, al referirse a una posible modificación que, a su entender, podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.

En paralelo, el oficialismo avanza en la Cámara de Diputados con un proyecto que busca reemplazar esa ley de emergencia. El debate abarca cuestiones sanitarias, legislativas, educativas, de transporte y de protección social.

Según su artículo 1, la propuesta oficialista apunta a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia de manera permanente a las políticas públicas para personas con discapacidad, además de garantizar sus derechos y la continuidad de las prestaciones.

A diferencia de lo que plantea el Presupuesto 2027, la pensión no contributiva por discapacidad se mantendrá y seguirá ajustándose todos los meses por inflación, como ocurre hoy. Los beneficiarios tendrán asegurado el acceso a un programa de atención y cobertura médica. Además, a pedido de la oposición, la pensión podrá cobrarse junto con un empleo registrado, siempre que el salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Por su parte, los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos.