Ola garantista amenaza liberar secuestradores

León Arslanian

Un tecnicismo judicial amenaza con dejar en libertad a decenas de secuestradores, si la Justicia interpreta que son nulas las detenciones y los allanamientos dispuestos por los fiscales sin el consentimiento de un juez. Ese sería el criterio que adoptaría la Cámara Federal de San Martín, en un fallo próximo.

Según se afirma, los camaristas estarían elaborando un dictamen donde sostienen que las órdenes de allanamiento por secuestros extorsivos, cuando la víctima ya ha sido liberada, deben ser expedidas únicamente por el juez y a solicitud del fiscal.

Desde hace dos años existe la Ley 25.760, por la cual se conceden facultades a los fiscales federales para que en el caso de los delitos de secuestros puedan tomar medidas sin pedir autorización al juez federal.

Resulta que esa norma habría sido cuestionada por los abogados de ocho detenidos por su presunta participación en el secuestro del hijo del intendente de Vicente López, Enrique García. El joven fue secuestrado hace una semana y liberado después de cuatro horas de angustia. Los sospechososfueron capturados durante varios procedimientos realizados en Bancalari, al norte del Gran Buenos Aires. Esas medidas fueron ordenadas por la fiscal Rita Molina.

• Estrategia

La inminencia de una sentencia que tire por la borda toda una investigación y abra las puertas de la cárcel a secuestradores sublevó a los intendentes de la Región Metropolitana Norte ( Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre). (Ver pág. 26, Ambito Nacional.)

Los jefes comunales de una de las zonas más castigadas por los secuestros extorsivos y que pusieron en jaque al ministro de Seguridad León Arslanian, advirtieron que el celo de los jueces jugará en desmedro de la seguridad.

«Si el allanamiento, en estos casos, debe ser solicitado por el fiscal al juez, para que libre la pertinente orden y luego se la entregue nuevamente al fiscal para que la lleve a cabo, se incurre en una demora que a todas luces resulta ventajosa para los delincuentes y, por ende, una posibilidad de impunidad que se transforma en mayor inseguridad para todos», apuntaron ayer en un comunicado conjunto.

El renovado criterio evita el rápido accionar del fiscal, director del proceso de investigación, que requiere recolectar elementos probatorios de interés y, eventualmente, detener a los presuntos autores.

«Los intendentes decimos: sí hay una estrategia por la cual se preserva la integridad física del secuestrado. Esta medida de emergencia se practica después que el secuestrado está en libertad. Acto seguido, lo que no se puede hacer es perder tiempo yéndole a pedir autorización al juzgado federal.

Porque si la estrategia es preservar físicamente al secuestrado, entonces quiere decir que nos quedamos sin el instituto de emergencia ( allanamientos, detenciones). Y eso significa no hacer nada hasta que el cautivo se encuentre libre y luego perderemos dos días pidiendo autorizaciones», sostuvo Gustavo Posse.

Interpretan que se está ante una práctica de mucha complejidad, con «escuchas telefónicas», con el servicio de inteligencia del Estado apresto, durante el cautiverio; por lo tanto la aplicación de la ley tiene que ser inmediata, luego de que la víctima quede libre.

«¿Por qué se requiere esto? Porque -agregó Posse- en este tipo de delito hay que decidir en forma instantánea. El riesgo es que puede haber una jurisprudencia, una decisión de la Justicia Federal, de la Cámara Federal de San Martín, tribunal de alzada de los juzgados federales, de las fiscalías federales de San Isidro, que diga que son nulas las detenciones practicadas porque los allanamientos se practicaron después que estuvo en libertad el cautivo. Entonces, todo se cae y todos salen en libertad.»