Aunque por ahora es algo que se masculla por lo bajo y sólo con espíritu de versión, el gobierno argentino y el Vaticano podrían también avanzar hacia la disolución de la vicaría castrense, hoy en situación irregular tras el corrimiento de Antonio Baseotto, poniendo fin a un conflicto de alcances impensados.
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Tanta dilación en el nombramiento de un sucesor del polémico obispo, que desató la guerra entre la gestión de Néstor Kirchner y el cardenal Jorge Bergoglio por sus declaraciones contra el aborto, permite suponer que ésa sería, en realidad, una salida viable y diplomática para este entuerto.
El gobierno argentino ya había cuestionado la necesidad de seguir manteniendo esa representación religiosa en las Fuerzas Armadas, pero su desintegración no puede resolverse de forma unilateral sino que debe existir consenso con Roma.
Este ámbito eclesiástico se creó el 28 de junio de 1957, con la aprobación de la ley que ratificaba el acuerdo con la Santa Sede para establecer una vicaría castrense, que el 21 de abril de 1992 pasó a tener el rango de obispado.
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