Por Andrea L. Falcone, abogada - socia del Estudio Arce - Falcone (Jubialarnos.com)
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Desplazaron a Gabriel de Vedia, quien había denunciado a Emilio Basavilbaso en el marco de una causa que investiga la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en una transacción que habría perjudicado económicamente a la ANSES.
Es la primera vez que un funcionario de alta jerarquía es citado a declarar bajo el gobierno de Mauricio Macri. El titular de la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social) había denunciado al titular de ANSES, junto con otros cinco funcionarios del organismo previsional, por la venta de las acciones de Petrobras que tenía el FGS. La adquisición de acciones se produjo en noviembre de 2016, luego de que Pampa Energía comprara el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. El FGS de la ANSES tenía el 11,85% y accedió a vender su parte, a un valor de $ 10,37 por acción, mientras que luego de la fusión las acciones treparon a un valor que ronda los $ 18.
Tan solo 48 horas hábiles luego de conocida la citación a indagatoria de Basavilbaso, el fiscal fue desplazado de su cargo. Se trata de un funcionario judicial con quien las tensiones iban en aumento. En febrero de 2016 el Presidente retiró el pliego de De Vedia como Fiscal General ante la Cámara de Seguridad Social, a pesar de haber ganado el primer lugar en el concurso, para darle el puesto a Juan Carlos Paulucci, hijo del secretario de la Cámara. A mediados de 2017 había denunciado la rescisión unilateral por parte de ANSES del convenio de colaboración informativa y económica que tenía el organismo previsional con la unidad fiscal.
En junio del mismo año había denunciado a Nicolás Caputo por incompatibilidad en la función pública, dado que le FGS pagaba comisiones a dos sociedades que le pertenecerían. El pasado diciembre se había manifestado públicamente en contra de la reforma previsional por "lesionar algunos aspectos de la Constitución Nacional, sobre todo el carácter progresivo de los derechos".
La decisión de remover al fiscal fue tomada por el Procurador Interino Eduardo Casal. Cabe mencionar que no es el primer movimiento de fiscales que habría solicitado el Gobierno y el cual ejecuta Casal en su cargo temporal. En abril pasado fue removido el fiscal Pedro Zoni que investigaba el acuerdo de deuda del Correo Argentino que involucra a la familia del Presidente.
En su lugar nombran a Gabriel Gonzalez Da Silva, quien había asumido hace dos meses en la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), lo cual hace pensar que este cambio fue decidido de manera intempestiva. El nuevo designado, acusado de leer sus exposiciones en los exámenes, no cuenta con ninguna experiencia ni conocimiento específico en materia de seguridad social.
Por otra parte, reconoció públicamente en un concurso la importancia que reviste para él la estabilidad en un cargo. La tranquilidad que debe tener un fiscal para llevar adelante sus investigaciones es condición sine qua non para ejercer el cargo de fiscal y no se estaría respetando con estos movimientos repentinos en las fiscalías.
La reflexión en estas circunstancias radica en pensar si no es momento de designar un Procurador General en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, quien renunciara hace ya 8 meses.
Claro está que para eso es necesario que el pliego sea consensuado con el Senado y quizás sea eso lo que hace tentador continuar con un Procurador que tampoco tiene estabilidad en el cargo, por ser interino, lo cual podría hacerlo permeable a las presiones del oficialismo.
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