Otro insólito proyecto de Zanola

Desde hace unos días circula por los pasillos del Congreso un insólito proyecto cuya autoría se atribuye el secretario general de la Asociación Bancaria. De aprobarse, se obligará a todos los organismos del Estado, empresas públicas y privadas con participación estatal, a contratar todos los servicios financieros, bancarios y seguros con el Banco Nación y sus controladas. Con argumentos setentistas que hablan de la "perversidad" de los organismos internacionales de crédito, la iniciativa poco menos que exige en sus fundamentos la retirada del país de los bancos extranjeros. Si logra su fin, Juan José Zanola deberá darles explicaciones entonces a los empleados de esos bancos que se quedaron sin trabajo en pos de la defensa del honor y la dignidad nacionales. La intención de Zanola se suma a su proyecto de gravar con 2% todos los intereses que cobran los bancos (públicos o privados) a fin de engrosar las arcas de su sindicato. Penoso y poco serio.

El secretario general de la Asociación Bancaria, el inefable Juan José Zanola, es el autor de un insólito proyecto de ley que apunta a que todas las operaciones bancarias del sector público sean canalizadas exclusivamente a través del Banco Nación. La iniciativa, que fue presentada ante la Comisión de Hacienda del Senado que preside Carlos Verna, dice que todo órgano estatal «estará obligado» a operar con el BNA.

El artículo 1° del proyecto dice que «la Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en el capital o en los órganos de decisión, estarán obligadas a contratar con el Banco Nación y las empresas de su propiedad la provisión de los servicios financieros, bancarios y de seguros, así como la realización de las operaciones de tesorería, crédito o inversión que decidan en cada caso».

Desde ya, todos los organismos públicos que tuvieran convenios con bancos privados (muchos ministerios, por caso, pagan los salarios de sus empleados en algunas de esas entidades, por una cuestión operativa, de costos y de mayor oferta de productos financieros conexos) deberían denunciarlos, lo que -desde ya- acarrearía no pocos juicios de los bancos privados por incumplimiento de contrato, con el obvio costo para el erario. Además, la banca privada tiene una larga tradición de prestar servicios financieros al Estado, por lo que resultan casi indefendibles los fundamentos del proyecto, que afirma que hacer operaciones con el sector privado «configura una irracionalidad económica y presupuestaria que debe ser legalmente conmovida».

Agrega que «la triste y dolorosa experiencia de los últimos meses ha desmoronado con una impensada elocuencia el mito de la eficiencia y la seguridad de la banca extranjera», de lo que se desprende claramente que a lo que apuntaría en realidad el proyecto es a conformar una banca pública monopólica, eliminando a la banca privada. Insólito, desde ya, sobre todo por las durísimas consecuencias que tendría acerca de los niveles de empleo del sector, o sea sobre los afiliados del sindicato de Zanola que éste debería defender.

• Razonamiento curioso

Con un discurso propio de décadas pasadas, los fundamentos rezan que «la lógica depredadora del capitalismo financiero, con su correlato de alta concentración y extranjerización, han renovado su vocación de apropiarse del ahorro de los argentinos, avanzando sobre los bancos estatales, sean éstos nacionales, provinciales, municipales o regionales». Curioso razonamiento, que llega en un momento en que varias entidades extranjeras abandonaron la Argentina, y los más altos ejecutivos de otras aseguran que no seguirán invirtiendo en el país, por lo que la acusación de tener «vocación de apropiarse del ahorro de los argentinos» parece bastante alejada de la realidad. Ahora el proyecto deberá recorrer el intrincado camino de la aprobación parlamentaria.