El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, acusó a los directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón de actuar como "mandatarios de la Junta Militar" y los señaló como "partícipes necesarios" del "despojo" de acciones de Papel Prensa en manos del Grupo Graiver.
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Tras la presentación judicial como querellante en la causa que investiga el traspaso irregular de acciones de Papel Prensa durante la dictadura militar, el funcionario señaló que la operación "fue un acto extorsivo donde los directivos de los tres diarios actuaron como mandatarios de la Junta Militar".
"La alianza de los directivos de los diarios (Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos) con (Jorge Rafael) Videla, (Orlando Ramón) Agosti y (Emilio) Massera comienza antes del golpe de Estado", explicó en declaraciones radiales al acusarlos de "contribuir a crear el clima en una acción donde diariamente alentaban el Golpe de Estado".
"Cuando llega el Golpe, pasan a ser partidarios del Golpe con elogios cotidianos a la dictadura", apuntó, y citó como ejemplo una nota publicada por el matutino Clarín el 1 de diciembre de 1977 en la que se describe una visita a un "centro de rehabilitación de detenidos".
"Estaban todos muy felices y contentos, y acompañan una foto cuando esa nota nunca se hizo. Fraguaron una página sin la firma de ningún periodista. Si eso no es complicidad con la dictadura, yo no sé qué debe entenderse por complicidad", advirtió. Según el relato de Duhalde, la noticia apareció "una semana antes del secuestro de madres de Plaza de Mayo efectuado en la iglesia de la Santa Cruz y de la primera solicitada que denunciaba la desaparición de sus familiares".
En el escrito presentado ayer, la Secretaría de Derechos Humanos afirma que la apropiación de acciones de la papelera se concretó meses después del 24 de marzo de 1976 "mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita", a los que suma "las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein", abogado del grupo Graiver.
Para el Gobierno, esos hechos deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, deben considerarse como "imprescriptibles". En la demanda señala como "víctimas" a Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Iannover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul.
En el escrito, Duhalde solicita que se llame a declaración indagatoria a Videla, Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Luis Mitre y a Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos.
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