Papeleras: un "ruego" retórico de Kirchner

«Con la mayor de las humildades» (era obvio, su humildad sería siempre la mayor), Néstor Kirchner pidió ayer al gobierno del Uruguay que procure la suspensión de la construcción de las plantas «papeleras» que se están levantando, con escándalo, en Fray Bentos. Fue la principal sorpresa, casi la única, del mensaje que ayer elevó al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias. «Con ese espíritu también invito a mi amigo el presidente Vázquez a suspender las obras por un período de noventa días, a los efectos de que, durante ese plazo, recibamos una opinión autorizada independiente que nos establezca con claridad los criterios y exigencias que se deben adoptar para asegurar que la calidad de vida de los argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos, vecinos del río Uruguay, no se vea afectada por la eventual instalación de las plantas». Por muchas razones fue un reclamo retórico que constituye, desde el punto de vista de la estrategia discursiva del gobierno, un factor más de acoso a Tabaré Vázquez.

Kirchner formuló esa solicitud con cuidado de la prosa: «Querido pueblo uruguayo y presidente del Uruguay: sólo noventa días, nada más que noventa días, para que los mejores ambientalistas del mundo ayuden a dos pueblos hermanos a resolver este tema como corresponde y a evitar estos espectáculos dolorosos que nos toca ver a quienes creemos en la unidad latinoamericana y en la unidad con el pueblo uruguayo», comenzó el santacruceño, para seguir diez líneas más abajo: «Le ruego que me escuche y acepte este pedido humilde que le hacemos».

• Negativa conocida

Sin embargo, al pronunciar esas palabras, Kirchner ya conocía la negativa del gobierno uruguayo. Y no porque, como ocurrió ayer, Montevideo había adelantado que sería imposible suspender los trabajos. Varios días antes, cuando el texto leído ayer se estaba redactando, el Presidente ya había sido informado sobre la imposibilidad de conseguir esa «tregua» en la construcción de las plantas. Detectar y comprender esta estratagema es importante para tener una lectura más completa del conflicto que se ha trabado en torno al riesgo ambiental de estos emprendimientos:

• En la primera semana de febrero, el secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, cursó al director de Comunicación y Relaciones Exteriores de la española ENCE (una de las dos productoras de pasta de celulosa), una consulta informal, originada en el gobierno argentino, sobre la posibilidad de que se suspendieran las obras por 90 días. Vallejos, después de una deliberación que se realizó en la sede madrileña de la compañía, contestó con una negativa rotunda. «Si suspendemos las obras no las reanudaríamos nunca más», fue la conclusión de ese conciliábulo de Madrid. Así se le transmitió a Fernández y éste lo informó a su tocayo e interlocutor rioplatense, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete de Kirchner. Es decir: Kirchner estuvo al tanto de que le negarían lo que solicitó públicamente ayer hace aproximadamente 15 días.

Los canales diplomáticos abiertos entre las dos cancillerías transmitieron la misma información. Con un dato adicional, por el que se excusaron los funcionarios orientales: el marco regulatorio de las inversiones de estas «papeleras» es leonino en favor de las empresas. Cualquier suspensión o desviación en lo acordado sería muy onerosa para el Uruguay. El argumento sirve, además, para que los hombres del Frente Amplio califiquen a sus antecesores del Partido Colorado (Jorge Batlle, el primero) de complacientes con las empresas.

Para el gobierno argentino esta inflexibilidad de los términos en los que se pactaron las inversionesen Fray Bentos es vista como el límitemás severo que tiene Vázquez en cualquier negociación con la Argentina. Sin ir al otro, político, infranqueable: la realización de estos emprendimientos ya tiene el carácter de una causa nacional en la otra orilla.

• Hay una explicación más acerca de que Kirchner ya conocía la inviabilidad de su « ruego». Tanto él como sus principales colaboradores están convencidos de que la suspensión de las obras en la margen oriental del Uruguay sólo sería factible si, en secreto, se alcanzó antes un acuerdo sobre un dictamen ambiental que conforme a ambas partes. Lo mismo rige para la desmovilización de los inquietos vecinos de Gualeguaychú. Jorge Taiana, el canciller, envió -el emisario fue un legislador- un mensaje similar al que ayer pronunció su jefe: «Si suspenden la construcción nos dan un argumento para levantar los piquetes». Del otro lado reclaman que la secuencia sea la inversa, claro. Es evidente para varios funcionarios argentinos que esa transacción no puede ser la condición de posibilidad de un acuerdo público, sino la consecuencia, o el marco estético, de un entendimiento reservado.

• Aquí aparece, siempre desde el punto de vista de la Casa Rosada, otro motivo de pesimismo. Cuando los hombres de Kirchner reconstruyen la evolución del conflicto llegan a una conclusión bastante clara. Ellos creen que, desde el comienzo, el gobierno del Uruguay supuso que los niveles de contaminación que provocarían esas industrias no serían, desde el punto de vista político, susceptibles de ser sometidos a un examen técnico conjunto. Por eso no realizaron las consultas obligatorias con la Argentina. ¿Cuáles son los indicios para este escepticismo? Uno, principal, es que luego de que Rafael Bielsa pactara con su antiguo colega Didier Operti (febrero de 2004) un acuerdo para monitorear las obras y la posterior actividad de las fábricas, el Palacio Santos nunca aportó la documentación comprometida en aquel acuerdo. A pesar de que, según consta en un acta de marzo de 2004, argentinos y uruguayos habían acordado en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) un protocolo con la batería de prácticas necesarias para controlar el riesgo ambiental de la elaboración de pasta celulósica (la dimensión de ese riesgo, superior al de la siderurgia y el procesamiento de cueros, se asume con todo dramatismo en la introducción de esa acta binacional). Operti, sostienen los funcionarios argentinos, jamás envió la documentación prometida, a pesar de los sucesivos pedidos de Bielsa. Para Kirchner y sus hombres, el ex presidente Batlle sólo consiguió empeorar este entredicho hasta el extremo: dicen que desmintió cualquier ampliación de las obras cuando el santacruceño lo consultó por una versión al respecto. Dos días después -sigue la versión local- firmaría el permiso para la instalación de la planta de Botnia, que es la más agresiva: los finlandeses comenzaron los trabajos, que son los más cercanos a Gualeguaychú, por la chimenea.

• Si Vázquez tiene un límite en las garantías ofrecidas por Batlle a los inversores, Kirchner tiene otro igualmente severo: la costa del Uruguay le viene respondiendo políticamente desde mucho antes de este conflicto. Con independencia y aun en contra de Jorge Busti (hay episodios graciosos que ilustraron esta enemistad en 2003). Por eso el Presidente tampoco tiene clara la conveniencia de desactivar a los ambientalistas y quedar a la derecha del gobernador. Esta es otra razón para comprender mejor lo que pretendió ayer: realizar un pedido cuya respuesta negativa conocía de antemano pero que le permitiría, por su sola formulación, «con la mayor de las humildades», dejar a Vázquez en el rol de quien no entiende razones y sólo busca la ruptura. Son años de política y de astucia, como para poder alimentar un conflicto en nombre de la paz.