Cinco sesiones en ocho días: ese es el escenario que planifica el Gobierno para el Congreso en el último tramo del período ordinario. El presidente de Diputados, Martín Menem, dio por hecho que habrá extraordinarias y enumeró como una de las prioridades la sanción de la ley de biocombustibles, que sólo podría aprobarse en esa Cámara con modificaciones. La iniciativa promueve combustibles más ecológicos y la industrialización de procesos, “pero al aumento del corte lo paga el consumidor y genera inflación”, admite uno de los negociadores. Allí radica una de las trabas.
La demanda de modificaciones en la redacción, que llega desde los aliados que el bloque libertario necesita para alcanzar la mayoría, choca con la postura que el Ejecutivo mostró en el último plenario que debatió la reforma de la ley 27.640. "Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios", sentenció Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos y el enviado para bajar el mensaje del oficialismo. Aunque su dilación podría subsanarse tanto en extraordinarias como en el 2027, el proyecto quedó enredado entre discusiones sectoriales y de fondos para el Presupuesto.
“Hay buena intención para avanzar con el proyecto y se está entendiendo que es un momento muy importante para generar energía en Argentina y nuevas inversiones. Pero más que mirar a la política, tenemos que estar mirando al sector del biodiésel para ver si pueden unificar las posturas”, sintetiza a este medio el titular de la comisión de Agricultura, Martín Ardohain (PRO). Mientras existe apoyo unánime entre los promotores del bioetanol, no se cerró el acuerdo entre los productores del biodiésel dado que aquellas compañías no integradas (que no son dueñas de todos los eslabones de la cadena) aducen que el mercado será cooptado por grandes firmas de integradas.
“Dividir la ley es más conflictivo que si modificamos dos artículos”, apunta otro aliado, Eduardo Falcone (MID), quien plantea que “impulsar esto a último momento, que destruye a 25 pymes que invirtieron mucho dinero, no va a pasar”. El PRO, el MID y la UCR defienden un nuevo proyecto que replica la ley sancionada en el Senado, pero con dos modificaciones: un aumento del corte propuesto para el biodiésel, del 10% al 11%, y que se extienda el resguardo del cupo para las no integradas del 2036 al 2038. “No van a tener los votos para aprobarla sin cambios, imaginate si se para todo por esto”, sintetizaron desde uno de los bloques aliados.
Federico Veller durante su presentación en Diputados.
Diputados
El peronismo plantea algo similar, pero ampliar el corte del 10% al 12,5% y blindar el cupo para las no integradas. “Su propuesta es más costosa; es una solución consensuar lo que está pidiendo nuestro interbloque”, repitieron los considerados dialoguistas. Además del impacto en los precios que puede tomar la reforma en un año electoral, existe un efecto fiscal: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en $245.952 millones el impacto recaudatorio negativo, dado que los biocombustibles están exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Las petroleras también juegan, dado que se disputa su cuota de mercado en la ley, e insisten en que el 10% es el punto de equilibrio.
La principal insistencia por la sanción la llevan las provincias productoras de maíz y los representantes norteños. De hecho, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se reunió con dueños de ingenios, que sostienen una producción expansiva en los últimos años (creció más del 50% la cantidad de hectáreas sembradas con caña de azúcar desde el 2010) y reiteraron la cantidad de inversiones que tienen sujetas a la sanción de la reforma. De llegarse a un consenso en Diputados en torno a una redacción con nuevos cambios, el proyecto volverá al Senado. La expectativa está ahora puesta en el período de extraordinarias: el otro escenario es el 2027 o el olvido.
Ley de biocombustibles: qué dice el proyecto
El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
Para el biodiésel se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado. Se establece además una participación reservada para empresas no integradas, que irá reduciéndose de manera gradual: 6,5% al año de sancionada la ley, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% entre 2031 y 2036.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable, se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes en casos específicos.
