Justicia rechazó queja contra protocolo de Bullrich

La decisión de no hacer lugar a un recurso de amparo reafirma la vigencia de las medidas de seguridad.

Patricia Bullrich.

Un juez federal de Junín rechazó un recurso de amparo presentado en contra de la aplicación del Protocolo de Uso de Armas de Fuego para la Fuerzas Federales de Seguridad, que dispuso la ministra Patricia Bullrich y que desató la polémica, entre otras cuestiones porque permite el disparo en fuga y también omitir, en algunos casos, la voz de alto al presunto delincuente.

El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, determinó no hacerle lugar al recurso de amparo que fue presentado por la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos” contra el protocolo de Bullrich, de modo que la queja no podría extenderse en ese sentido para objetar por la supuesta Inconstitucionalidad que podría tener la medida del Gobierno. Además, el magistrado impuso que las costas del juicio queden a cargo de los amparistas, Alberto Sebastián Ghiorzi y Carolina Arrizabalaga, que en representación de la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos”, patrocinados por el letrado de Gabriel Elías Heriberto Ganón, interpusieron la acción contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ministra Bullrich, pidiendo que se declare inconstitucional e ilegal la Resolución N° 956/2018 que estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad.

De acuerdo al fallo, Plou consideró que “el funcionario público al que el Estado dota de un arma para cumplir sus funciones, si se encuentra obligado a usarla, no se defiende de una agresión ilegítima sino que cumple con su deber de hacer cesar una agresión o conjurar una situación de peligro, independientemente de que lo involucre personalmente”.

Según el magistrado el presunto peligro que podría representar la aplicación del protocolo no tiene relación con el contenido de la medida.

“El reglamento -sostuvo el juez- respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución n° 34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu”. De esa manera sostuvo también su fallo en los fundamentos de la norma emitida por el Gobierno.