Pelea por ir al consejo salarial esconde vieja puja por "caja" gremial

Roberto Lavagna, María Estela Martínez de Perón y Lorenzo Miguel.

Se inicia un rito mañana: consejo del salario entre empresarios y sindicalistas con la bendición del gobierno. Una ficción desde el principio: al margen de lo que puedan acordar o no los sectores, ya se determinó que a partir del 1 de setiembre se incrementarán los mínimos. O sea, lo de mañana -que se postergará luego para un cuarto intermedio a la otra semana- es una formalidad o el consentimiento felpudo de las partes a una decisión oficial ya escrita.

Lo del consejo parece, además, el principio de otras complicaciones (más allá de que allí se busquen razonables alternativas para paliar la desocupación o blanquear algo del trabajo en negro). Y una de las principales ya estalló antes del encuentro entre los gremialistas: los amigos del gobierno, la CTA, exigieron participar en la cumbre como un ente aparte de la CGT. Legalmente, un proyecto a discutir. Pero, como disponen de padrinazgo, el propio Néstor Kirchner -habitual confidente de Víctor De Gennaro- amenazó con un decreto especial para incorporar de prepo a sus simpatizantes, se violente o no la norma. Ante el decretazo, el triunvirato cegetista se volvió dócil y se resistió a que el Presidente gastara de nuevo tinta en un papel (saben, por otra parte, de su propensión de caudillo provincial para emitir decretos de necesidad y urgencia). Aceptaron entonces que tres dirigentes de la CTA se integren al consejo, aunque fijaron una condición: deben ser representantes de organizaciones con personería gremial. (Ver nota aparte.)

Allí, en esos dos términos mágicos, está la madre de las batallas, como diría un gremialista doctorado en Saddam: la CTA pretende personería gremial -a dictar por la cartera laboral-, hoy sólo en manos de la CGT de acuerdo con la ley. Es que los muchachos de Víctor De Gennaro sueñan en convertirse como «los gordos» («oler por lo menos una billetera», como dicen los peronistas) y poder discutir convenios laborales, resolver cuestiones de encuadramiento (como los explosivos de Comercio y Camioneros), también, retener aportes. No es poco. Sólo con ese poder legal en el sindicalismo uno se hace fuerte.

• Batalla ardua

Los triunviros (Moyano, Rueda, Lingieri) se oponen al intento, pero la batalla en el Ministerio de Trabajo es ardua: la CTA ha logrado inundar de asesores propios los distintos pisos y Carlos Tomada parece tomado.

Además de esa presión cotidiana, cualquier mirada a favor de la CGT que manifiesta se la cuestionan por imparcial, le recuerdan que él sirvió a los gremios rivales como consultor (por caso, metalúrgicos). Si todo este temblor no le alcanzara al ministro, Tomada soporta otro espasmódico: Hugo Moyano no pierde oportunidad de propiciar el reemplazo de Tomada por su propio abogado, Héctor Recalde. La cercanía con el piquetero Raúl Castells también estaría orientada en ese sentido. Extraño el destino de Recalde, diría el difunto Juan Carlos Pugliese: su corazón está con la CTA, pero su bolsillocon el camionero. Aunque no determinen nada, estas reuniones del consejo del salario serán interesantes: los amigos del gobierno, la CTA, ¿insistirán con un salario mínimo de 750 pesos?, como lo han afirmado hasta ahora como prioridad para la tribuna. Si es así, la CGT avalará el reclamo y Kirchner se maldecirá por haber convocado al sindicalismo. Y, si abandonan esas convicciones, el triunvirato cegetista ocupará el lado más duro e impulsará su propio aumento. Resultado a predecir: único perjudicado por esta porfía interna, jurídica, gremial y pecuniaria será el propio gobierno o los intereses que dice velar -la estabilidad económica-Roberto Lavagna.

Hombre memorioso, peronista al fin, el ministro nunca olvida que en 1975, la espiral inflacionaria que llevó al desastre se disparó con las paritarias de ese año.