Peligra juicio a Corte por excusación de diputados

El juicio político a la Corte Suprema de Justicia está a punto de caerse. La mayoría de los abogados que integra la Comisión de Diputados plantearon, el martes pasado, la renuncia a su intervención en el juicio a la Corte. Argumentaron la incompatibilidad como acusadores porque sus estudios jurídicos particulares llevan expedientes que ya están en la esfera de la Corte.

Con esto los diputados pusieron en peligro la movida armada por el gobierno y un sector de la oposición para desplazar a los jueces al admitir, hasta ahora en la intimidad de la comisión, el reproche que la propia Corte envió al Congreso.

La situación de los diputados que pretenden hacer lugar al pedido de los magistrados no se hizo público gracias a un pacto de silencio que se cerró en la última reunión y que fue exigido por Nilda Garré. Esta argumentó que: «Darle la razón a la Corte en esto, significa que se nos caiga la acusación a pedazos». El pedido de recusación que envió la Corte, de todas formas, pasó al análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales que deben sancionar en definitiva.

La reunión de la Comisión de Juicio Político del martes estuvo dedicada a analizar el escrito que los jueces enviaron al Congreso pidiendo la recusación de los diputados-abogados de la comisión en base al artículo 90 del Reglamento de la Cámara. Allí se establece, en el tercer párrafo, que: «Cuando las quejas o denuncias se refieran a magistrados judiciales de distritos donde algunos de los miembros de esta comisión ejerciese la profesión de abogado o procurador, éste deberá excusarse y se integrará aquélla con diputados de otros distritos».

• Interpretación

Esto implica que los diputados-abogados de la Comisión de Juicio Político que tengan matrícula para actuar ante la Justicia nacional -por ejemplo Capital Federal- no pueden participar del juicio político. Si bien en el Congreso prefieren interpretar esta limitación para el caso de los jueces nacionales y federales, es claro que la Corte Suprema tiene competencia federal y por lo tanto el artículo podría aplicarse.

La versión oficial de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, que se conoció tras la última reunión, habló de un rechazo absoluto al planteo de recusación de la Corte. Pero la realidad es que dentro de ese cuerpo la mayoría de los diputados plantearon la necesidad de aceptarla. Todo se ocultó gracias a un pacto por el que se juramentaron a que todos iban a rechazar el recurso y que era inadmisible.

La versión real de lo que allí ocurrió podría haberse conocido si los taquígrafos de la comisión hubieran actuado como de costumbre. Pero Garré se opuso a eso hace algunas semanas con la excusa de que los ministros de la Corte se podían enterar de las deliberaciones.

La rebelión de los diputados comenzó por el peronista Ricardo Falú. El tucumano explicó que en su estudio jurídico, ahora manejado por su esposa y su hijo, se llevan causas que involucran a la Corte Suprema y planteó directamente su voluntad de apartarse del juicio político: «En el futuro yo no quiero dejar la profesión, tengo que aceptar la recusación», dijo.

Lo siguió la frepasista disidente María América González con una explicación similar. La responsable del «Rinconcito de los Jubilados», relató la cantidad de recursos presentados por su marido a la Corte en nombre de los pensionados y recordó que los honorarios por esos casos son bienes gananciales y la involucran.

Héctor Polino, también en la misma posición, explicó su copatrocinio letrado en varias causas que llegaron a la Corte, algunas de ellas investigadas hoy por el Congreso, como una donde representó a una cooperativa telefónica o la famosa del rebalanceo tarifario.

Elisa Carrió intervino en ese momento: «Si ése es el caso yo también fui asesora jurídica de Telecom y hay temas que están en la Corte».

Viendo que el clima iba directo a una aceptación de las recusaciones, Garré avanzó casi a los gritos: «No puede excusarse ninguno de ustedes porque van a pedir la nulidad de todo lo actuado. Si alguno se aparta de la cuestión van a pedir la nulidad. Nadie puede sacar los pies del plato», casi amenazó.

Los reclamos de los diputados se sumaron a que hace ya dos semanas que varios integrantes la comisión empezaron a tener un perfil más bajo, o directamente a no ir, a las reuniones. Los mismos comentarios indican que existen dudas en Diputados sobre la capacidad de Sergio Acevedo, para controlar la comisión a quién ven superado por el accionar de Garré y Carrió.

• Cuidado

Pero las discusiones no terminaron allí. La propia Carrió reconoció que en materia de defensa legal «la Corte todavía no empezó a mostrar los dientes. Hay que tener mucho cuidado con la defensa de la Corte», dijo.

Fue entonces cuando comenzó a aflorar el miedo de los legisladores a los «nombres» de los defensores que contrató cada ministro. «Estos tipos son los que escribieron los libros que nosotros mismos estudiamos y ahora citamos como antecedentes doctrinarios», dijeron algunos y empezaron a listar.

«Germán Bidart Campos y Carlos Colauti, lo defienden a Carlos Fayt. ¿A quién vamos a citar si en todos lados lo citan a Bidart Campos y ahora lo vamos a tener enfrente», preguntaron.

Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López comparten a Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, ambos con antecedentes impecables en derecho constitucional y penal y jurisconsultos obligados en esas materias.

«Antonio Boggiano lo designó a Fernando López de Zavalía, que, además de tirarnos otra biblioteca encima, tiene el antecedente que fue diputado y miembro de Juicio Político. Para colmo también lo tiene a Lino Palacio», razonaban los legisladores. «Cualquiera de estos tipos nos tira doctrina, legislación extranjera y vamos a estar en problemas. Hay más de un diputado que puede pasar papelones», razonó otro de los presentes y obtuvo enseguida el asentimiento de Carrió.

Para colmo, en medio de las discusiones apareció Franco Caviglia con el tercer capítulo del informe de la Comisión de Lavado de Dinero y recordó que él con Cristina Kirchner y Carlos Soria fueron denunciantes en el caso Petracchi, lo que no agradó a Carrió.

Hoy la Comisión de Juicio Político continuará las deliberaciones. Y aunque el episodio de las recusaciones se dio oficialmente por terminado, los diputados volverán a tratarlo.