Periodismo: quebrado y presionado

«Un grave atentado a la libertad de prensa se registra en la Argentina cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno», denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en las Conclusiones de la semestral Reunión sobre Libertad de Prensa en América en Los Cabos, México, con 300 representantes de publicaciones de América. Convengamos que -siempre sostiene este diario- negarle al funcionario el derecho a refutar críticas es ahogarle su derecho a la libertad de opinión que, a su vez, es la base de la prensa libre. Es distinto accionar contra una crítica a sólo refutar. Hay mucha burocracia directiva de medios y pocos periodistas reales en la como para entender la diferencia.

En los «Informes por país» (hay párrafos interesantes) se señala que «en la Argentina, que lentamente se va recuperando de la crisis social y económica más profunda que se recuerda, los medios de comunicación están aún lejos de mostrar alguna mejoría. En estos últimos años, la prensa ha visto caer en forma alarmante su circulación de ejemplares y su venta publicitaria, mientras los costos se han encarecido a raíz del aumento de insumos y equipos importados por efecto de la devaluación que triplicó el valor del dólar. Las distintas administraciones que rigieron el país en este período implementaron medidas que no sólo no interpretaron esta realidad para revertirla, sino que impusieron condiciones cada vez más rigurosas y acrecentaron la ya agobiante presión impositiva».

En el Informe General la SIP advierte que «el derecho de los ciudadanos a buscar información, difundirla, expresar sus opiniones y debatir libremente se ve progresivamente restringido, lo que va empobreciendo gradual y sutilmente la democracia». Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Colombia son los países que reciben las mayores críticas de la SIP. Cuba es calificada «la cárcel para periodistas más grande del mundo» y se exige al gobierno de Fidel Castro la «liberación de los 32 periodistas independientes y el cese del hostigamiento contra los comunicadores».