Piden la captura internacional de los represores fugados

El Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de dos millones de pesos por cada uno de los represores.

Las cuatro fuerzas de seguridad buscaban por estas horas dentro del país a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi, quienes se fugaron del Hospital Militar Central el jueves por la noche, en tanto que también se libró un pedido de captura internacional.

Fuentes del Gobierno revelaron a Noticias Argentinas que apenas se conoció el escape de ambos, se alertó a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo un plan de custodia en todo el país, sobre todo en las fronteras y aeropuertos.

"Los medios se enteraron después, pero apenas se fugaron se implementó un gran operativo de seguridad para custodiar las fronteras. Por eso es imposible que se hayan podido escapar. Están en algún lugar de la Argentina, creemos que no muy lejos de donde se escaparon", advirtieron las fuentes consultadas por NA.

De todas maneras, Interpol emitió el pedido de captura internacional para los dos represores.

A la vez, continúan las averiguaciones para determinar quiénes fueron los responsables de haber facilitado la fuga y una de las personas que estaría siendo investigada es la esposa de Olivera, Marta Ravassi, quien se desempeña como psicóloga del Hospital Militar Central, al tiempo que la mira está puesta en la anuencia de uno de los jueces intervinientes.

Ravassi fue pasada a disponibilidad junto a otros siete militares por el Ministerio de Defensa, que encabeza Agustín Rossi, al tiempo que la cartera de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julio Alak, tomó idéntica decisión con ocho agentes penitenciarios encargados del traslado de los prófugos.

En tanto, el Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de dos millones de pesos por cada uno de los represores, para quien aporte datos sobre sus respectivos paraderos.

La Justicia allanó este viernes el Hospital Militar para secuestrar las historias clínicas de los prófugos y las filmaciones de seguridad con el fin de reconstruir los hechos.

Intervienen en la investigación de la fuga el juez federal Claudio Bonadio, por una denuncia del Gobierno, y el juez correccional Raúl García.