15 de febrero 2002 - 00:00

Piden terminar con gastos de los celulares y autos

Si sólo se prohibiera el uso de chapas oficiales en los 1.500 vehículos destinados a los funcionarios y si se dieran de baja los más de tres mil celulares y se cobrara el Impuesto a las Ganancias a los jueces, la Ciudad de Buenos Aires podría tener un ahorro superior a los 14,3 millones anuales.

Al menos ésa es la proyección que realizó el diputado porteño Enrique Rodríguez (peronista disidente), quien presentó en las últimas horas un proyecto de ley para que el gobierno de Aníbal Ibarra aplique «urgente» medidas de ahorro en áreas consideradas no críticas.

La iniciativa de reducción de gastos apunta a cuatro líneas bien definidas:

la eliminación de gasto en telefonía celular, de comidas en restoranes e, incluso, de viajes al exterior.

La derogación completa de la reserva de espacios de estacionamiento para funcionarios y la prohibición del uso de chapas oficiales en los automóviles y su devolución en el término de 15 días de entrada en vigencia de la norma.

Una reducción a 20% de los montos asignados a gastos de representación y viáticos del ejercicio 2002 de cada uno de los poderes del Estado con respecto al ejercicio 2001.

Y también incorpora un punto que a los jueces no les caerá para nada bien. Que los más de 150 integrantes del Poder Judicial de la Ciudad (defensores, fiscales y jueces) tributen el Impuesto a las Ganancias.

Se estima que éstos perciben un sueldo anual que va entre los 5 mil y los 14 mil pesos mensuales, y aunque pagan los impuestos locales, tienen las mismas prerrogativas que los jueces nacionales: la intangibilidad de sus salarios y no pagan Ganancias.

•atentes

Según comentó Rodríguez a este diario, unos 1.500 vehículos integran la flota de los automóviles públicos destinados al uso de los funcionarios, lo cual impide que ingresen en las arcas de la Ciudad en concepto de patentes de automotores cerca de $ 3,6 millones anuales.

Lo mismo sucede con los tres mil celulares en poder de los funcionarios, para los cuales el Estado porteño eroga la friolera de $ 5,3 millones anuales, es decir, algo más de $ 450 mil mensuales.

En cuanto a los jueces, el legislador porteño sostiene que
«se debe establecer una absoluta igualdad ante la ley tributaria de todos los habitantes de la Ciudad», por lo que reclamó que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias.

Algunas estimaciones extraoficiales indican que si se aplica esta medida, los jueces aportarían a la caja de la Ciudad unos $ 2,4 millones anuales.

Una cifra superior, cerca de $ 3 millones, podría ahorrarse también si se reducen los gastos de viáticos que -por casosólo para la Jefatura de Gabinete de Ibarra se disponen de $ 200 mil.

«La sociedad en estado de movilización percibe que los atributos exteriores de los cargos públicos son todas prebendas, privilegios que hoy son inaceptables dada la profunda recesión, la escasez de empleo y la pauperización de la población»
, sostuvo Rodríguez en los fundamentos de su proyecto que, obviamente, anuncia mucha polémica.

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