PJ no destraba leyes de Kirchner y Solá

Las revelaciones sobre el pago de sobresueldos, uso de fondos reservados y leyes secretas que entretienen a la prensa desde hace 10 días serán el telón de fondo de las discusiones en el Congreso durante esta semana con diputados pidiendo derogar normas que ni siquiera saben qué contienen y acusaciones cruzadas, en muchos casos por desconfianza sobre quiénes cobraron y quiénes no. Detrás de todo ese ruido vendrá un nuevo intento del peronismo por recuperarse de la frustración del miércoles pasado, cuando la estrategia del radicalismo -y la abulia o el recelo de buena parte del bloque PJ- le impidió sancionar -por caerse el quórum- el proyecto de desfederalización de los delitos relacionados con el narcotráfico en montos menores y la ratificación del acuerdo transitorio entre Edelap y el gobierno, ambos temas estratégicos para Felipe Solá y Néstor Kirchner, respectivamente.

• Narcotráfico

El miércoles, Eduardo Camaño intentará nuevamente sancionar la ley contra el narcotráfico barrial que pide Solá desde hace meses, pero que en realidad tuvo origen cuando Jorge Casanovas ocupó el Ministerio de Justicia bonaerense. Aunque no existen garantías de que el PJ esta vez pueda tener éxito en medio de la interna que paraliza al Congreso, la pelea por el armado de las listas bonaerenses y, ahora, los recelos por cómo se distribuyeron o no fondos extra en el gobierno y si éstos llegaron al Congreso.

El radicalismo sigue oponiéndose a esa norma y, sin la unidad absoluta del peronismo, los transversales y algún aliado provincial, puede hacerle pasar nuevamente un mal trago al oficialismo. El miércoles pasado, el PJ tuvo un primer triunfo auspicioso cuando consiguió reunir quórum para tratar esa ley en contra de la UCR, el ARI, la izquierda y muchos provinciales. Esa sesión se tornó en fracaso a la madrugada, después de horas de debate sobre el caso Malvinas-Unión Europea; el radicalismo se dio cuenta entonces de que podía hacer caer la sesión si se retiraba ante la ausencia de muchos peronistas que, tranquilos, se habían retirado del recinto. Camaño debió pasar la sesión a un cuarto intermedio antes que se cayera en medio de un llamado a votación.

Se perdió también allí la posibilidad de aprobarle al gobierno el esperado acuerdo transitorio con Edelap, al que la oposición tampoco apoya por disponer un incremento de 15% en las tarifas eléctricas para comercios e industrias del área platense y no contar ese acuerdo con los dictámenes de la Procuración del Tesoro y la SIGEN, como ya explicóel catamarqueño Horacio Pernasetti en el recinto. Tampoco ya lo apoya todo el duhaldismo ante el miedo de «quedar pegados» avalando en su propio territorio el primer aumento tarifario. Sin ese acuerdo debidamente ratificado por el Congreso, al gobierno se le dificultará avanzar con otros casos como las renegociaciones de Edenor y Edesur, que tienen el caso de la distribuidora platense como un espejo donde mirarse.

Pero ése no es el único problema: el segundo acuerdo en estudio en el Congreso -las terminales portuarias de Buenos Aires- va peor aún que el trámite de Edelap. El peronismo opositor y el resto de los partidos ya consiguieron meter al defensor del pueblo, Eduardo Mondino, en la discusión al mantener el gobierno las tarifas de ese servicio dolarizadas. Los exportadores e importadores, usuarios primarios, armaron tal revuelo en el Senado que nadie hoy quiere avanzar hasta no mejorar el frágil nivel de consenso en torno a esa ratificación.

Mientras tanto, la escena fue dominada por los fondos reservados, sobresueldos y leyes secretas. El propio Camaño anunció el viernes pasado su intención de analizar ese cuerpo de leyes -serían unas 100 normas, casi todas sancionadas durante gobiernos militares- que nadie o muy pocos en el Congreso conocen. De hecho, desde la restauración de la democracia no se ha votado ninguna; por el contrario, y esto tampoco lo recuerdan muchos legisladores, se han derogado muchas de esas normas.

En sus intentos mediáticos de debatir el tema, muchos legisladores descubrirán esta semana que no pueden disponer la publicidad -como resiste, por ahora, el gobierno- de esas leyes secretas que habilitan, entre otras operaciones de inteligencia, el pago y uso de fondos reservados. Esas leyes están guardadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y es él el que puede desclasificarlas mediante ley del Congreso.

Hay dudas, además, en Diputados, como ha sucedido en otras ocasiones, acerca de estar participando de una puesta en escena a gran escala que termine con un pomposo anuncio de Kirchner levantando el secreto sobre todas esas normas, a pesar de que sus ministros hayan dicho lo contrario por estos días.

Para ir poniéndose al día, tres comisiones analizarán todo el cuerpo legal que maneja el sistema de fondos secretos, pero deberán partir de una realidad que muchos legisladores no conocen: buena parte de esas normas secretas ya fueron derogadas, por ejemplo, el 27 de noviembre de 2001, cuando hacia el final del gobierno radical se sancionó la nueva Ley de Inteligencia Nacional.

No se desclasificaron -por eso no se conoce su contenido-, pero sí fueron derogados el Decreto «S» 416/76, las leyes «S» 19.373/73, «S» 20.195 y los decretos «S» 1.792/73, «S» 1.793/ 73, «S» 4.639/73, «S» 1.759/87 y «S» 3.401/79. Se dispuso, además, un año de plazo -que se cumplió en medio de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa- para reemplazar dos leyes madre del sistema de financiamiento de la inteligencia, la «S» 19.373, reformada por Ley «S» 21.705, que debieron ya quedar derogadas.

También se dispuso en ese momento la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia, a la que el Ejecutivo debe rendir todos los fondos reservados o secretos y para ese cometido se derogaron muchas disposiciones del Decreto Ley «S» 5.135/56, la Ley «S» 18.032 y el artículo 11 de la Ley 11.672 complementaria del Presupuesto que establece que sólo la Presidencia, la SIDE, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Congreso pueden disponer del uso de gastos reservados.