Poco éxito oficial para separarse de la operación

Como siempre, la culpa es de Daniel Scioli. Así hubiera podido hablar el matrimonio Kirchner del segundo en la sucesión, aunque ese posible reproche ahora se convirtió en halago: merced a una inflexibilidad desconocida de Scioli, Mario Pontaquarto fue a la calle, exonerado del Senado, responsable por anomalías dinerarias, casi un hábito en su historia. El episodio, dramático para el expulsado -lo inhibe para conseguir otros conchabos en la administración pública, su fuente natural de ingresos durante toda la vida-, se agravó por la partida de la Cámara alta de otros amigos radicales que podían darle cobijo. Se quedó sin nada, con mínima perspectiva, penando por el juicio de los sobornos (aunque lo hubieran exculpado) y, en la depresión, decidió sincerarse (si uno quiere hacerle caso) o utilizar su experiencia, contactos y hasta un papelito escrito para complicar al gobierno anterior y a una interesante nómina de senadores con el tema de los sobornos. Uno cree en esta etapa judicial, pero más de un mal pensado sobre el mal pagado Pontaquarto dirá que su aparición pública favorece política e interesadamente a la actual administración Kirchner.

De ahí que desde la Rosada casi se redacta un comunicado diciendo que «el eventual rédito de la denuncia no debe contaminarse con vestigios de operación política» (propia, claro). Se desprende, además, de cualquier tipo de protección del personaje y su familia, la cual viajó a Europa y se instaló a cuenta de la revista que le hizo el reportaje («TXT»), casi una novedad en la industria editorial. Y, de paso, el gobierno reveló que las confesiones llegan de la mano del hijo de Alfredo Bravo, vía Aníbal Ibarra, no por la influencia oficial ni su anticipo (aunque se recomienda ver recuadro adjunto). Como no podían detenerse en ese suministro informativo, el casi comunicado oficial cuestionó dichos del juez Norberto Oyarbide (se atrevió a poner en duda la veracidad de lo que sostuvo Pontaquarto) y le advirtió a su colega Rodolfo Canicoba Corral que si procedía con el mismo criterio, quizá su destino no sea promisorio.

Firme el comunicado no nato, algo sentimental cuando al referirse a las declaraciones del «arrepentido» explicó que estaba bajo un estado de «angustia contenida». Casi para la telenovela.

Los Fernández, Aníbal y Alberto, son quienes inicialmente reconocieron haber recibido a Pontaquarto, al que luego derivaron a la Justicia como única y aséptica intervención del oficialismo en todo el trámite de las revelaciones. Ninguno -dicen-le aseguró protecciónal confeso, garantía laboralfutura, siquiera un futuro.Sin embargo, en los sectores ás comprometidos por todas las acusaciones señalan que uno de los empresarios más cercanos a la conducción santacruceña (vinculado al juego) ya había anticipado hace tres meses lo que finalmente haría Pontaquarto ante la Justicia. Si el episodio no explotó con anterioridad, se afirma, es porque el gobierno quería atravesar la corporación del Senado sin dificultades con los casos Zaffaroni y Moliné O'Connor. Y añaden -como si fuera cierto-que el «arrepentido» no actuó solo por su cuenta, sino que organizó su incriminación en los sobornos gracias a enlaces del ex senador radical Jorge Colazo (ahora gobernador de Tierra del Fuego), para quien colaboró por lo menos en la campaña política del '99. Se afirma que Colazo es hombre de respetado vínculo con Cristina Kirchner, cercano al gobierno, al extremo de que se había apartado de la Cámara alta en los últimos cuatro meses pero volvió exclusivamente para votar a favor de la designación de Eugenio Zaffaroni y, luego, para voltear a Eduardo Moliné O'Connor. Lo que se dice un soldado.

• Contacto

Si bien el gobierno se desvela para no aparecer detrás de Pontaquarto, hay elementos -en política y en los servicios de inteligencia, los gráficos de contactos pueden llegar al infinito- que insisten en pegarlo a la administración. Por ejemplo, la hermana del intendente, Vilma Ibarra, quien cuando se sancionó la ley gremial ya estaba en líneas enfrentadas con Fernando de Santibañes y cercana a quienes denunciaban corrupción en el gobierno y en el Senado, lo mismo que ahora mantiene esa irritación de antaño con sus tradicionales adversarios al tiempo que se le arroga cerrada correspondenciacon la Casa Rosada, seguramente como intermediaria del jefe porteño. Siempre una mujer, aunque en el tema Pontaquarto hay otro nombre femenino más difundido: Alcira, arcón de secretos del « arrepentido».

Aun si hubiera auspicio oficial en el tema, no se trata de investigar a la víctima. Tampoco de ignorarla y, en el caso de Pontaquarto, como no es una víctima (al contrario, hay quienes con humor sostienen que es un pícaro de película que cobró en el otro soborno y ahora por denunciar el soborno), hay una razonable tentación -como dijo el magistrado Oyarbide-para sospechar de sus declaraciones ya que, por momentos, son poco comprensibles, determinan un exagerado protagonismo, marcan odios personales (¿acaso uno de los involucrados no le inició el sumario que culminó en su despido?) o indican una chapucería notable por parte del gobierno De la Rúa: desde la entrega a un simple secretario parlamentario de 5 millones de dólares en la propia SIDE, que esos maletines con dinero quedaran luego varios días en la casa del burócrata o que en la reunión de la Casa de Gobierno, por esa cifra de la coima, no sólo conversaron el mandatario Fernando de la Rúa, el titular del organismo (De Santibañes), varios senadores prominentes y un asalariado del Congreso.