El Senado debutó con Ramón Puerta de presidente ayer, con señales positivas. Confirmó en la primera sesión el recorte de 13% en sueldos del personal del Congreso, que había sido suspendido por los legisladores que terminaron mandato el 10 de diciembre.
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Asimismo, volteó la rejerarquización del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP), también avalada por el Senado saliente en la última sesión de ordinarias.
Ambas resoluciones habían suscitado una ola de críticas, en especial porque aumentaban el gasto y -en el caso de tijeratazo de salarios- creaban un privilegio para empleados senatoriales, en detrimento del resto de la administración pública que sufrió la poda decretada por Domingo Cavallo. Resultaba incoherente, en definitiva, que los mismos legisladores que habían votado la ley de déficit cero terminaran funciones violándola.
En la misma deliberación, se aprobó reducir a 50% las nuevas contrataciones en comisiones parlamentarias. Se trata de una decisión transitoria en previsión de que las comisiones serán reducidas a la mitad, ya que quedarán alrededor de 30 dependencias. La solitaria frepasista Vilma Ibarra ganó protagonismo a la hora de ofrecer alternativas, a tal punto que todos aceptaron la redacción propuesta por la hermana del jefe de Gobierno porteño.
• Aprobación
En ese sentido, se apobró la conformación de una comisión especial, encargada de reestructurar la Cámara alta, incluida la reformulación de comisiones y la disminución de gastos y de personal.
El peronismo contará como representantes a Nélida Martin -ex ministra de Hacienda de San Juan-, el chaqueño Jorge Milton Capitanich (titular de Coparticipación), el santafecino Oscar Lamberto y el pampeano Carlos Verna. La UCR designó a Miriam Curletti (Chaco) y el jujeño Gerardo Morales. El interbloque federal de partidos provinciales propuso al tucumano Pablo Walter (Fuerza Republicana).
Finalmente, a instancias de Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), se activó la conformación de la Comisión de Etica Pública, que, entre otras cosas, debe supervisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
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