Positivo: derogó diputados la absurda ley del "2x1"

Ante la fuerte presión de la sociedad por frenar la ola de delincuencia, la Cámara de Diputados aprobó ayer finalmente y giró al Senado el proyecto de ley que deroga el polémico "2x1". Este sistema computa doble el tiempo de prisión preventiva sin sentencia firme. La iniciativa aprobada elimina el artículo 7 de la Ley 24.390 y establece que el plazo de prisión preventiva no podrá exceder los dos años sin que se haya dictado sentencia. Además, faculta al Ministerio Público a oponerse a la libertad de un imputado si la gravedad de la infracción que cometió así lo ameritara o si existieron maniobras legales "manifiestamente dilatorias de parte de la defensa". Como contrapartida, el proyecto obliga a los jueces a informar al Consejo de la Magistratura las causas en las que los detenidos hayan permanecido más de dos años sin sentencia, así como también reportar de inmediato cuando un imputado hubiera dejado de cumplir con prisión preventiva y los motivos de su liberación.

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la polémica ley del «2x1», girando la norma al Senado para que la semana que viene o a más tardar la otra decidan la eliminación definitiva del beneficio que facilitó la salida de los delincuentes e incrementó el número de reincidencias.

La derogación del recurso penal se impuso casi por unanimidad, ya que se abstuvieron cuatro diputados del Partido Socialista Democrático (Alfredo Bravo, Héctor Polino, Jorge Rivas y Oscar González) y la frepasista disidente Alicia Castro. De esta manera, con fuerte consenso se aprobó la eliminación del artículo séptimo de la Ley 24.390 y estableció que el plazo de prisión preventiva no pueda exceder los dos años sin que se haya dictado sentencia.

Asimismo, se facultó al Ministerio Público a oponerse a la libertad de un imputado si la gravedad de la infracción que cometió así lo ameritara o si existieron maniobras legales «manifiestamente dilatorias de parte de la defensa».

Solución

En tanto, uno de los supuestos más relevantes que se manejó para justificar la disfuncionalidad de la ley en cuestión fue que en el tiempo que tarda la Justicia en dictaminar las sentencias firmes, el detenido ya computó doble la mayoría de la sentencia y no cumple con la pena que realmente merece.

Para dar eventual solución a esto, el proyecto votado invitó a la Justicia a «apurarse»: obliga a los jueces a informar al Consejo de la Magistratura las causas en las que los detenidos hayan permanecido más de dos años sin sentencia, así como también reportar de inmediato cuando un imputado hubiera dejado de cumplir con prisión preventiva y los motivos de su liberación.

De la reunión, por su parte, participaron el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, y su vice-ministro, Melchor Cruchaga, con representantes de los bloques del PJ, la Alianza y Acción por la República.

Con un discurso armónico, los más de 30 oradores que hicieron uso de la palabra en la sesión coincidieron en que la legislación «no dio resultados positivos» y en cambio sirvió para fomentar «una industria del juicio por la cual todas las partes especulaban con cuentas para que le llegue al detenido el momento de ser premiado».

En el debate en general se produjo un solo momento de tensión entre el oficialismo y la oposición, que protagonizaron la diputada radical Margarita Stolbizer y la peronista bonaerense Mabel Müller, cuando la primera le recordó que el sistema del «2x1» había sido implementado en 1994, cuando el actual gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, era ministro del Interior. Al dardo de la radical, Muller, indignada, replicó que «la grandeza está en reconocer que la ley no tuvo efecto», e insistió en destacar el rol jugado por el gobernador bonaerense en la derogación del polémico sistema de cómputo de días de prisión preventiva.

Además de lo áspero de la discusión, la sesión continuó sin mayores inconvenientes, en virtud del acuerdo alcanzado en la víspera que permitió consensuar un proyecto que contó con el aval de todas las bancadas.

Coincidencia

De hecho, todos los oradores coincidieron en destacar que la Ley 24.390 no cumplió con el objetivo para el que había sido votado y que sus disposiciones fueron utilizadas en forma «perniciosa» por los abogados defensores, y se remarcó que el artículo 7 sirvió para que los letrados interpusieran recursos con el único objetivo de demorar el proceso y así beneficiar a sus defendidos con el cómputo doble de los días de prisión preventiva.

La Ley 24.390, que en su artículo 7° contiene la polémica «2x1», funciona desde 1994, cuando la Argentina se incorporó al Pacto de San José de Costa Rica y gobernaba el ex presidente Carlos Menem. En los años que rigió hasta la actualidad, «se liberaron unos 15 mil presos y entre 70 y 80 por ciento de ellos volvieron a cometer delitos», señaló Julio Tejerina, vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal.

Asimismo, el titular de la misma comisión, Dámaso Larraburu, aseguró a Ambito Financiero que «con la derogación se va a romper lo que llamo 'círculo vicioso entre el juez, el delincuente y los abogados, que aparentemente no tenían ningún apuro en dar la sentencia».

El secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, por su parte, defendió la derogación y sostuvo que con la vigencia de ese artículo se produciría un «efecto indeseable o perjudicial porque se licuan las penas» ya que «las sentencias se cumplían en la mayoría de los casos con 50 por ciento del tiempo efectivo».