¿Postergación o adelanto?

Política

Se ha instalado en la discusión política una falacia: que Néstor Kirchner podría adelantar las elecciones presidenciales para el primer trimestre de 2007. En rigor, es la Constitución la que lo obliga, ya que establece (artículo 91) que él no puede gobernar más que cuatro años. Son leyes, inferiores a la Constitución, las que evadieron ese precepto. Sobre todo, la de Acefalía, que le otorga a Kirchner más tiempo en el poder que el que permite la Carta Magna. Los jueces electorales no se pronuncian sobre esta divergencia. Y Cristina Kirchner, custodia de los intereses institucionales de su marido, ordenó a sus colaboradores que estudien estas alternativas que ofrece la contradicción entre normas de distinta jerarquía. Es un ejercicio vano preguntar cuándo decidirán la fecha de los comicios. Será, seguramente, cuando más le convenga al gobierno, según sea la marcha de la economía, la crisis energética, el humor popular. La ley, también en este caso, es lo de menos.

Una de las peculiaridades, por llamarla así, de la vida pública argentina es la propensión a subordinar las normas a los imperativos de la conveniencia. Esta desviación se manifiesta en casi todos los campos, pero donde más ejemplos ofrece es en el de las leyes electorales. Allí la plasticidad es llamativa. De tanto modificar las prescripciones según los intereses de los actores más poderosos, hay quienes llegan a situaciones desopilantes. Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, instruyó a su fiel asesora Valeria Loira para que examine qué posibilidades ofrecen la regulaciones para adelantar las elecciones presidenciales del año próximo, en las que su esposo seguramente competirá por la reelección. La senadora Kirchner es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y en ese carácter le fue encomendado velar por los intereses institucionales del actual elenco de poder, como se demostró en el tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura, inspirada por Jorge Yoma.

A poco de releer los textos que rigen el proceso electoral, Loira descubrió que la Constitución exige lo que para su jefa era un ardid. En efecto, para anticipar los comicios no sería necesario forzar artículo alguno. Ya habían sido forzados para darle a Néstor Kirchner más tiempo del que establece la Carta Magna. Esta dice en su artículo 90: «El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período». Por si faltara enfatizar la duración del mandato, el artículo 91 de la Constitución insiste: «El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde». Para ponerlo en términos concretos, Kirchner terminaría su mandato el 25 de mayo de 2007, es decir, cuatro años después de haber asumido. En consecuencia, las elecciones deberían realizarse entre el 25 de marzo y el 25 de mayo, según el artículo 95 de la misma ley suprema: «La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio».

Sin embargo, un conjunto de leyes -por definición de menor jerarquía que la Constitución- se encargó de contrariar estas disposiciones.

Cuando Eduardo Duhalde decidió abandonar el poder antes de tiempo, impulsó una reforma a la Ley de Acefalía por la cual se establece que la vacante del jefe de Estado cesa en el momento en que hay un presidente electo, que automáticamente cubre el cargo. Por eso Kirchner asumió el poder el 25 de mayo. Es decir, se hizo cargo del lapso que fue desde ese día al 10 de diciembre de 2003, fecha en la que caducaba el período para el que había sido electo Fernando de la Rúa.

  • Determinación

    ¿Que Kirchner se hiciera cargo por adelantado lo habilitaba para gobernar más de cuatro años? Es decir: ¿debe considerarse que su período comenzó el 25 de mayo o hay que computarlo a partir del 10 de diciembre de 2003? Duhalde resolvió, por medio de sus legisladores, la encrucijada dándoles a su sucesor y al vice más tiempo en el poder que el que la Constitución establece para los presidentes de manera taxativa. El artículo 4° de la Ley de Acefalía, que se modificó en enero de 2003, reza: «El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos no será considerado a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución nacional».

    Gracias a esta aclaración, que podría interpretarse como una transgresión confesa de la Carta Magna, Kirchner dijo mil veces, entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre de 2003, «recuerden que no comencé todavía mi mandato». Por eso en esa segunda fecha realizó una ceremonia de «reasunción» del poder, para un mandato que terminaría el 10 de diciembre de 2007. Dentro de esta arquitectura se incluyó otra reforma legislativa en 2004: el Código Nacional Electoral establece, en su artículo 53, que los comicios para autoridades nacionales se realizarán el cuarto domingo de octubre anterior a la fecha de vencimiento de los mandatos. Para la elasticidad normativa de la Argentina, la determinación de una fecha electoral que no admite manipulaciones por parte del Poder Ejecutivo apareció como un salto de calidad inusual.

  • Silencio

    Pero si los estudios de la asesora Loira prosperan, ella advertirá que no se necesita proyectar ninguna norma nueva para complacer la hipótesis de su jefa: es decir, que las elecciones se realicen antes de ese cuarto domingo de octubre, entre el 25 de marzo y el 25 de mayo del año próximo. Bastaría con que un juez federal con competencia electoral determine la inconstitucionalidad de la Ley de Acefalía en el párrafo en el que le otorga al presidente más tiempo de mandato que el que fijó la Constitución. Hasta ahora ningún magistrado lo hizo. Por eso tampoco la Cámara Nacional Electoral se pronunció. Dicho más sinceramente: Kirchner le debe a ese silencio de los jueces la posibilidad de seis meses y medio más en el poder.

    Es posible, como sospechan ya dirigentes encumbrados de la oposición, que los estrategas del gobierno no quieran definir ahora a cuál norma atarse. Si a la Ley de Acefalía que le permite concluir el mandato el 10 de diciembre y, en consecuencia, someterse a elecciones en octubre, o al texto liso y llano de la Constitución, que le prohíbe estar en el poder más de cuatro años. Como se lee en «Martín Fierro», «la ley es como el cuchillo, no corta al que la maneja». Por lo tanto, para que rija un criterio u otro, acaso no sea tan importante el pronunciamiento de la Justicia como otros indicadores: la salud de la economía, los niveles de inflación, la resistencia del sistema energético, en definitiva, el humor popular respecto del candidato Kirchner, quien ya cuenta con un dispositivo normativo convenientemente ambiguo como para que rija, a lo Almodóvar, la ley del deseo.
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